Empleo formal, promesa incumplida: las barreras que mantienen a millones de mujeres en la informalidad
En México, tener un empleo no necesariamente significa tener estabilidad económica, seguridad social o posibilidades de desarrollo. Para millones de mujeres, trabajar representa una decisión condicionada por las responsabilidades familiares, la inseguridad pública y un mercado laboral que todavía ofrece pocas alternativas para conciliar la vida personal con la profesional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-, al cierre de septiembre pasado, 24.97 millones de mujeres estaban ocupadas en el país, pero 55.31 por ciento, equivalente a 13.81 millones, trabajaba en la informalidad. Estas cifras revelan una realidad que trasciende las decisiones individuales: la desigualdad de género continúa presente en la estructura económica y social mexicana.
Atribuir la informalidad a una supuesta preferencia de las mujeres por empleos flexibles implica ignorar las condiciones que limitan sus oportunidades. La elección laboral no ocurre en el vacío: está atravesada por normas culturales, relaciones de poder y una distribución desigual de las responsabilidades domésticas. Cuando una mujer debe cuidar a sus hijos, atender a familiares dependientes y resolver las necesidades cotidianas de su hogar, su incorporación al mercado laboral queda supeditada a las exigencias del entorno familiar. Así, lo que suele presentarse como una decisión personal puede ser, en realidad, una estrategia de supervivencia frente a la falta de alternativas viables.
Esta situación evidencia una contradicción fundamental del mercado laboral mexicano: mientras la economía demanda mayor participación productiva de las mujeres, la organización social sigue asignándoles una responsabilidad desproporcionada en las tareas de cuidado. El empleo formal, generalmente asociado con horarios rígidos y jornadas completas, puede resultar incompatible con estas obligaciones. Por ello, la informalidad ofrece una flexibilidad que permite generar ingresos sin abandonar por completo las responsabilidades familiares. Sin embargo, esta adaptación tiene un costo elevado: menores oportunidades de acceder a prestaciones, protección social, estabilidad económica y derechos laborales efectivos. La flexibilidad que resuelve una necesidad inmediata puede convertirse en una condición que perpetúa la vulnerabilidad a largo plazo.
A estas barreras se suma la inseguridad pública, un problema que también transforma las oportunidades de empleo. Los traslados prolongados, los horarios nocturnos y la exposición a espacios inseguros pueden llevar a las mujeres a rechazar determinados puestos o buscar actividades que les permitan trabajar cerca de sus hogares. La violencia no solamente afecta la integridad física y emocional: también restringe la movilidad, reduce las posibilidades de desarrollo profesional y profundiza las desigualdades económicas. Cuando la seguridad depende del lugar donde se trabaja, del horario de salida o de la posibilidad de trasladarse sin riesgos, el acceso al empleo deja de ser una oportunidad equitativa.
Por otra parte, la formalidad no resulta atractiva por el simple hecho de ofrecer prestaciones en el papel. Especialistas en economía laboral han advertido que la baja calidad de algunos empleos formales y las dificultades para hacer efectivos los derechos laborales debilitan sus beneficios percibidos. Si una trabajadora enfrenta salarios insuficientes, jornadas incompatibles con sus responsabilidades, servicios de salud deficientes o mecanismos de protección poco accesibles, es comprensible que cuestione las ventajas de incorporarse a ese segmento del mercado. El problema, por tanto, no consiste únicamente en promover la formalización, sino en garantizar que esta se traduzca en condiciones laborales dignas. Un contrato formal no representa progreso social si no asegura bienestar, protección y oportunidades reales de desarrollo.
Las consecuencias de esta problemática alcanzan a los hogares y al conjunto de la sociedad. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, 65 de cada 100 pesos del ingreso de los hogares mexicanos provienen del trabajo. Esto significa que la calidad del empleo influye directamente en la capacidad de las familias para alimentarse, acceder a servicios de salud, financiar la educación y construir un patrimonio. Cuando millones de mujeres permanecen en ocupaciones precarias, sus posibilidades de movilidad social se reducen y también se limita el bienestar de las personas que dependen de sus ingresos. La informalidad femenina, en consecuencia, no es un asunto exclusivo de las trabajadoras: constituye un desafío para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la justicia social.
Superar esta realidad exige políticas públicas que atiendan las causas estructurales del problema. Es indispensable ampliar los servicios de cuidado infantil y de personas dependientes, fortalecer la seguridad pública, impulsar horarios laborales compatibles con la vida familiar, garantizar salarios dignos y hacer efectivos los derechos de las trabajadoras. Asimismo, se requiere avanzar hacia una distribución más equitativa de las tareas domésticas entre mujeres, hombres, Estado, empresas y sociedad. La formalización debe dejar de entenderse como una obligación individual y convertirse en una oportunidad que ofrezca beneficios tangibles. Esto implica transformar tanto las instituciones laborales como las relaciones sociales que reproducen la desigualdad.
El empleo de calidad para las mujeres mexicanas continúa siendo una deuda pendiente que no se resolverá responsabilizándolas por trabajar en la informalidad. Mientras las estructuras económicas exijan disponibilidad laboral sin reconocer las necesidades de cuidado, y mientras la violencia y la precariedad reduzcan las alternativas disponibles, la igualdad de oportunidades seguirá siendo más una aspiración que una realidad. Una sociedad que aspira al desarrollo no puede conformarse con que las mujeres tengan trabajo; debe garantizar que ese trabajo les permita vivir con dignidad, seguridad y autonomía. Porque la verdadera inclusión laboral no consiste solamente en abrir las puertas del mercado de trabajo, sino en asegurar que las mujeres puedan cruzarlas sin tener que elegir entre su bienestar, su familia y su futuro.
