Cuando la política intenta escribir el expediente.
El caso Taddei revela una disputa que va más allá de los contratos del INE: la batalla por controlar el relato antes de esclarecer las responsabilidades.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política, controlar la conversación pública puede ser tan importante como administrar el poder. Pero existe una diferencia fundamental entre explicar los hechos y construir una narrativa para desplazar responsabilidades. El escándalo que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) parece haberse convertido en un ejemplo de esa tensión.
Una investigación de El Universal, publicada este 10 de noviembre, revela que diputados federales de Morena recibieron instrucciones para impulsar una estrategia digital destinada a desvincular al partido de las irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei y dirigir la atención hacia administraciones anteriores, particularmente la de Lorenzo Córdova.
Según el reportaje, de 254 legisladores convocados, aproximadamente 130 realizaron más de 400 publicaciones, acumulando 3.14 millones de visualizaciones, frente a una meta de nueve millones. El dato resulta revelador: mientras las autoridades investigan posibles anomalías administrativas, la operación política también mide publicaciones, alcance y repercusión digital.
Sin embargo, el problema de fondo merece una discusión más rigurosa.
El Órgano Interno de Control del INE reportó investigaciones iniciadas desde mayo de 2025. De 13 expedientes iniciales, nueve corresponden a contrataciones que involucran a funcionarios, empresas y particulares. Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre de 2026, mientras las investigaciones continúan sin que los señalamientos constituyan, por sí mismos, responsabilidades legalmente acreditadas.
La Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión de contrataciones realizadas entre 2000 y 2025. Es una decisión relevante: cualquier irregularidad debe investigarse, independientemente del gobierno o de la presidencia del organismo durante la cual haya ocurrido.
Y aquí aparece una distinción indispensable: que existan antecedentes de posibles irregularidades no elimina la obligación de esclarecer las más recientes. La responsabilidad administrativa no se hereda automáticamente, pero tampoco desaparece señalando a los antecesores.
Morena sostiene que las redes de proveedores cuestionadas surgieron mucho antes de Taddei. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido ampliar las investigaciones, mientras Lorenzo Córdova cuestiona que esa revisión pueda utilizarse para desviar la atención de los hechos actuales. Ambas posiciones deben contrastarse con contratos, auditorías y resoluciones, no únicamente con discursos.
También conviene precisar que Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por un Consejo General colegiado y llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante insaculación en la Cámara de Diputados. Vincular esos procedimientos con una responsabilidad personal de Córdova requiere pruebas adicionales.
La controversia plantea otro problema: cuando los legisladores concentran sus esfuerzos en reproducir consignas partidistas, la discusión pública puede desplazarse de la fiscalización hacia la confrontación. La ciudadanía necesita conocer quién autorizó los contratos, bajo qué condiciones, qué servicios fueron entregados y si existió daño al erario.
Además, el momento es especialmente delicado. México se aproxima al proceso electoral de 2027 y el INE necesita preservar su capacidad operativa, autonomía y credibilidad. La transparencia no debería convertirse en instrumento de disputa entre partidos, sino en una obligación verificable para todos.
La comunicación política es legítima. Investigar administraciones anteriores también lo es. Lo que ninguna estrategia puede sustituir es la rendición de cuentas.
Porque al final, la credibilidad institucional no se reconstruye contando millones de visualizaciones, sino ofreciendo respuestas documentadas a millones de ciudadanos.
