Por Ricardo López Pescador
Los próximos dias serán determinantes para la elección de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), proceso que ocurre en un momento crucial para la vida democrática de México. La crisis derivada de la salida de la anterior presidenta Guadalupe Taddei enmedio de actos de corrupción, así como la proximidad de las elecciones legislativas de 2027 generan condiciones especiales para dicha decisión.
El INE es una de las instituciones con mayor credibilidad ciudadana gracias a que ha sido el garante de la imparcialidad y la legalidad durante el período de la alternancia política en la presidencia de la república y en la mayor parte de los estados.
La avalancha de irregularidades cometidas por Guadalupe Taddei con la entrega de contratos multimillonarios sin licitación, mediante la simulación de competencia y conflictos de interés con proveedores de material electoral ha afectado severamente al INE, situación que es insostenible porque dicho instituto es indispensable para conservar y fortalecer la democracia en el país.
El procedimiento constitucional establece que la Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria, integrar un Comité Técnico de Evaluación y elegir a la nueva presidencia mediante el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, recurriendo a la insaculación únicamente si no se logra dicha mayoría calificada. La postura del bloque mayoritario compuesto por Morena, PT y Partito Verde que cuenta con los votos suficientes para elegir a la nueva titular del INE ha adoptado la postura de aplazar la decisión aduciendo que se complicaron las negociaciones por la demanda interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir la emisión de la convocatoria.
Aprovechando tal situación Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara baja reveló a estudiantes de la maestria en Derecho de la UNAM que analizan la posibilidad de que la mayoría avance en el nombramiento sin el respaldo de la oposición; ante tal escenario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha rechazado negociar al señalar que el Morena y el gobierno busca imponer perfiles afines, el PAN condicionó su respaldo a la inclusión de ocho propuestas para garantizar la imparcialidad del Comité Técnico.
Por su parte el sector acádemico del país, lideres de opinión pública, empresarios y representantes de organizaciones civiles han advertido que elegir al árbitro sin consenso generaría desconfianza aun cuando el procedimiento cumpla con la legalidad formal. Se debe recuperar la confianza de los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas con una selección apegada a la constitución, sin que nadie pretenda tomar ventaja con el control del organismo, una institución que es operada por los ciudadanos en las atribuciones de las mesas directivas de casilla y sus decisiones en todos los níveles se deben tomar de manera colegiada.
Expresidentes del IFE y del INE han exhortado a los partidos políticos a construir un acuerdo plural, mientras que el jurista Diego Valadés ha señalado que una designación basada únicamente en los votos del bloque mayoritario intensificaría los cuestionamientos sobre la equidad de las futuras elecciones.
En todo sistema democrático, la función del árbitro electoral no solo depende de que su nombramiento sea formalmente legal, sino de que cuente con legitimidad política y confianza social. Cuando una mayoría legislativa ejerce su peso numérico para designar en solitario a quien encabezará la autoridad electoral, se corre el riesgo de trasladar la polarización partidista al interior del órgano encargado de arbitrar la contienda.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de priorizar el consenso entre todas las fuerzas políticas en lugar de operar con su mayoria númerica este delicado asunto para la nación. La elección de una nueva consejera presidenta con estricto apego a la Constitución, solvencia técnica, independencia partidista y visión de Estado constituye una condición necesaria para restablecer la credibilidad ciudadana en el INE, blindar la organización de los procesos electorales y fortalecer el Estado de derecho en México.
La duda a despejar es si los diputados de la mayoría tomarán la decisión de fortalecer las instituciones democráticas del país o nuevamente recibirán una propuesta tomada en palacio nacional a la que solo darán tramite con su aplanadora numerica sin importar el daño que pueden causar a la esencia de nuestro sistema electoral. Pronto lo sabremos
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