POR: LILY ORTIZ
Desaparecer no debe significar perder también los derechos
La desaparición de una persona representa una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar una familia; y es que a la incertidumbre sobre su paradero se suman, muchas veces, problemas legales, económicos y familiares que deben resolverse sin tener respuestas sobre lo ocurrido.
En México, esta realidad obliga a atender no solo las labores de búsqueda, sino también las consecuencias que enfrentan quienes esperan el regreso de un ser querido.
En ese contexto se encuentra la iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia del Estado de Durango, impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, y de la cual ha sido portavoz, a nombre de esta bancada, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Alejandro Mojica Narváez.
Esta propuesta busca cubrir un vacío jurídico en Durango, entidad que todavía no cuenta con una legislación específica en esta materia, a diferencia de otros estados; su objetivo es establecer un mecanismo mediante el cual un juez pueda reconocer legalmente la ausencia de una persona desaparecida, sin que ello implique declararla fallecida ni suspender las acciones para localizarla.
La realidad es que cuando alguien desaparece puede dejar hijos menores de edad, bienes, deudas y obligaciones laborales o financieras, y su familiares, además de enfrentar la incertidumbre, pueden encontrar dificultades para realizar trámites, proteger el patrimonio o atender responsabilidades que no pueden quedar en pausa.
La declaración especial de ausencia permitiría proteger los bienes de la persona, conservar derechos como la patria potestad, salvaguardar derechos laborales y familiares, así como establecer medidas respecto de determinadas obligaciones financieras, fiscales y mercantiles.
La propuesta contempla también un procedimiento judicial con plazos definidos; es decir el Ministerio Público podrá promover la solicitud después de tres meses de presentada la denuncia y, si no lo hace, podrán acudir los familiares o personas con interés jurídico, conforme al orden establecido.
Y un punto central es que la persona conserva su personalidad jurídica y, en caso de reaparecer con vida, la declaración podrá quedar sin efecto conforme a la ley. Es decir, esta figura no representa un cierre de la búsqueda, sino una protección legal mientras se desconoce su paradero.
Pero hay que ser claros y es importante entender que una reforma de esta naturaleza no resuelve por sí misma el problema de las desapariciones ni sustituye la responsabilidad de las autoridades de investigar y buscar. Sin embargo, sí puede evitar que las familias tengan que enfrentar, además de la ausencia de un ser querido, un desamparo jurídico que complique todavía más su situación.
Durango si o si necesita avanzar en este marco legal, porque se trata de reconocer que la ausencia de una persona no significa la pérdida de sus derechos y que quienes la buscan también necesitan condiciones de certeza para afrontar las consecuencias de esa ausencia.
Para una familia que sigue esperando, contar con herramientas jurídicas que le permitan proteger a los suyos también importa, porque hoy no solo viven con la tristeza de la ausencia del ser querido; sino con la duda de lo que pueda pasar. Hoy está realidad puede modificarse y aminorar un poco esa incertidumbre.