Un grito desesperado
Por: Juvenal Rosales Flores
Durango necesita mejorar en conjunto, empezando por reconocer que la violencia intrafamiliar y la crisis emocional no son asuntos “personales”, sino problemas públicos que requieren una estrategia integral con educación emocional en escuelas, atención psicológica accesible, combate frontal a las adicciones, protección efectiva a víctimas y sanciones a los agresores.
El Programa Línea Amarilla “Una Llamada a la Vida” atendió 56 casos de salud mental en una sola semana, del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, pero no son cifras son personas con episodios de angustia, pensamientos suicidas o intentos de autolesión que obligaron a pedir ayuda urgente, lo cual es una señal de alerta social. Porque cuando alguien marca al número de emergencias para pedir auxilio emocional, es porque ya se agotaron las redes familiares, la paciencia, la esperanza o el acompañamiento.
De esos reportes, 37 fueron realizados por mujeres y 19 por hombres. El dato no debe pasar desapercibido, las mujeres están cargando con una presión emocional que en muchos casos no se atiende a tiempo; la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional se han vuelto parte de la vida cotidiana, especialmente en un entorno donde muchas mujeres viven doble o triple jornada de trabajo, hogar y crianza, a veces en soledad y sin apoyo.
Llama la atención que además se registraron cuatro llamadas falsas, lo cual podría parecer un detalle irrelevante, pero no lo es; habla de una parte de la sociedad que aún no entiende la gravedad del tema, que trivializa el dolor ajeno y que no dimensiona que jugar con las líneas de emergencia también es una forma de violencia social.
Las atenciones brindadas por Línea Amarilla muestran otro aspecto inquietante, es decir, no se trata solo de crisis momentáneas, sino de situaciones que requieren continuidad, acompañamiento y tratamiento.
Si a esto se suma lo reportado por el Programa Esmeralda, el panorama es aún más duro. En la semana del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 se atendieron 402 reportes, son casos relacionados con violencia, amenazas, lesiones, conflictos familiares o necesidad de orientación legal y psicológica.
De esos reportes, 305 fueron realizados por mujeres y 97 por hombres. Otra vez el mismo patrón, las mujeres son quienes están viviendo el impacto más directo de la violencia doméstica, psicológica y física; situación que se repite en los hogares, se normaliza en las parejas y se tolera en entornos familiares donde “así se ha vivido siempre”.
La violencia psicológica, verbal y física suma 69 reportes, mientras que la violencia psicológica y verbal acumuló 136 llamadas. Esto confirma una epidemia silenciosa, el maltrato que no deja moretones visibles, pero sí heridas profundas. Las palabras humillantes, las amenazas y el control emocional están destruyendo la estabilidad mental de muchas familias, y lo peor es que culturalmente todavía se minimiza.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué está fallando como sociedad? Está fallando la empatía, está fallando el tiempo que nos damos para escuchar, está fallando la crianza emocional de niños y jóvenes, está fallando la cultura que enseña a aguantar y callar, y está fallando también la idea equivocada de que pedir ayuda es “de débiles”. Lo que está fallando es el sentido de comunidad, vivimos juntos, pero cada vez nos importamos menos.
La responsabilidad de la sociedad es enorme. Porque antes de que una persona piense en quitarse la vida o antes de que una mujer marque aterrada por amenazas, hubo señales, cambios de ánimo, gritos en casa, aislamiento, golpes normalizados, depresión ignorada, alcoholismo tolerado. La sociedad debe dejar de justificar lo injustificable y dejar de mirar hacia otro lado. No se puede exigir paz pública si en lo privado se permite el abuso.
Pero tampoco se puede cargar toda la culpa en la ciudadanía, las autoridades tienen una responsabilidad clara, reforzar la prevención, aumentar el número de psicólogos y trabajadores sociales, garantizar atención inmediata y gratuita, y sobre todo darle presupuesto real a la salud mental y a la protección de víctimas.
