¿En juego la legitimidad del sistema judicial en Durango?
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
El proceso de elección de jueces y magistrados en Durango enfrenta nuevos y serios obstáculos; primero, las 13 impugnaciones que han sido presentadas ante las autoridades, lo que ha generado una creciente incertidumbre sobre la validez del procedimiento. Segundo, la polémica decisión de que el conteo de votos no se realizará en las casillas por los ciudadanos, sino en las oficinas distritales de la autoridad electoral, lo que ha despertado suspicacias en distintos sectores.
Este detalle, que ha pasado desapercibido para muchos, podría ser determinante en la definición de los nuevos impartidores de justicia dentro de un proceso sin precedentes en la historia del estado.
Sin embargo, las autoridades correspondientes esperan que los expedientes de las impugnaciones sean resueltos en los próximos días, con la finalidad de garantizar certeza a la ciudadanía en un proceso que, desde su inicio, ha estado marcado por dudas, sospechas y un intenso debate en los círculos políticos y judiciales.
En total, se elegirán 21 magistrados y 28 jueces: ocho magistradas y siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada o un magistrado del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes; y 14 juezas y 14 jueces del Poder Judicial. La magnitud de este proceso solo aumenta la preocupación por la forma en que se está llevando a cabo.
Si bien muchos de los aspirantes son perfiles desconocidos para la opinión pública, eso no significa que carezcan de preparación. Se trata de abogados capaces y estudiosos que, en algunos casos, podrían refrescar la impartición de justicia en Durango. Este proceso se convertirá en un parteaguas para el sistema judicial y, será ejemplo a nivel nacional.
Otro de los aspectos más controvertidos ha sido el tope de gastos de campaña. Los aspirantes a magistrados pueden gastar hasta 300 mil pesos, mientras que los candidatos a jueces tienen un límite de 150 mil pesos. Se trata de recursos propios, pues no pueden recibir financiamiento externo. Esto ha sido visto como una desventaja para aquellos que no cuentan con la solvencia suficiente, pues queda a criterio de cada candidato si ejerce o no el total de ese presupuesto; pero a la vez los recursos estarán muy fiscalizados.
Este punto ha sido motivo de preocupación y molestia entre algunos aspirantes, ya que consideran que quienes tienen mayores recursos económicos podrían tener una ventaja injusta. No obstante, las autoridades han insistido en que el proceso está diseñado para garantizar equidad y transparencia, aunque las impugnaciones recientes y las decisiones cuestionables podrían poner en duda esa afirmación.
Por otra parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aún no ha definido si se utilizará una sola boleta o cuatro para el proceso electoral de jueces y magistrados. A pesar de ello, ha enviado al INE la solicitud de que sea un solo documento, argumentando que con ello se podría ahorrar entre 40 y 50 millones de pesos.
El dilema sobre las boletas no es menor, ya que impacta tanto en la logística del proceso como en su costo. Además, se suma a las críticas sobre la complejidad de una elección que, para algunos sectores, debería haber sido resuelta por el Congreso del Estado y no mediante el voto ciudadano. La discusión sobre si este método realmente fortalece la democracia o la debilita sigue en el aire.
Los magistrados y jueces que resulten electos enfrentarán una tarea monumental; garantizar que la justicia en Durango sea imparcial y eficiente. En medio de un contexto político polarizado, la independencia del sistema judicial será puesta a prueba como nunca antes.
A medida que se acerca la fecha de la elección, la incertidumbre crece. Las impugnaciones, el gasto en campañas y la falta de claridad sobre el formato de la votación son factores que podrían definir el rumbo del proceso.
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