El reto de visibilizar a los candidatos para jueces y magistrados
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
Este domingo arrancó un proceso sin precedentes en México: la elección de jueces y magistrados por voto popular. Más de tres mil aspirantes competirán por 881 cargos en el Poder Judicial sin financiamiento público y con restricciones para hacer campaña en radio, televisión y medios impresos. Su única herramienta de promoción serán las redes sociales, pero sin la posibilidad de pagar publicidad, lo que plantea dudas sobre el alcance de las candidaturas.
Además, los lineamientos establecidos por el INE prohíben la publicación de encuestas o sondeos de opinión en los tres días previos a la elección y sanciona cualquier propaganda que relacione a los aspirantes con partidos políticos. Estas restricciones buscan evitar la politización del proceso, pero también limitan el acceso a información objetiva sobre los candidatos.
A nivel nacional, la elección renovará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas Regionales y el Tribunal de Disciplina Judicial. En Durango, el proceso incluye la elección de 21 magistrados y 28 jueces, un cambio significativo para la estructura del Poder Judicial estatal.
La ausencia de financiamiento público y la restricción de medios tradicionales favorecen a quienes ya cuentan con reconocimiento previo o con redes de apoyo sólidas dentro del gremio judicial. Esto podría dar ventaja a los perfiles internos con trayectoria en el Poder Judicial sobre quienes aspiren desde fuera.
En Durango, apenas dos o tres aspirantes han comenzado a utilizar redes sociales para presentarse ante la ciudadanía dando a conocer su trayectoria y perfiles. Sin debates organizados ni una plataforma oficial de información accesible, el riesgo de que los votantes emitan un sufragio desinformado es alto. La pregunta relevante es: ¿cómo elegir a los jueces si la mayoría de los ciudadanos no conoce a los candidatos ni su trayectoria?
El sector empresarial, representado por Raúl Montelongo Nevárez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha manifestado su escepticismo sobre el proceso. Desde su perspectiva, la reforma que originó esta elección fue ampliamente cuestionada y, en el caso de Durango, la votación parece un mero trámite sin un impacto real en la independencia judicial.
Un punto de preocupación es la imparcialidad. Si los aspirantes tienen prohibido aparecer en medios tradicionales, ¿cómo se vigilará que no usen mecanismos indirectos de promoción? ¿Qué pasará con aquellos que cuenten con apoyos políticos disfrazados de respaldo ciudadano?
Otro riesgo es la participación ciudadana. La elección del 1 de junio coincidirá con los comicios de los 39 ayuntamientos, pero la falta de información sobre los candidatos judiciales podría hacer que el voto sea superficial o que muchos simplemente dejen esas boletas en blanco o que no siquiera acudan a esas casillas.
Además, la ausencia de financiamiento público deja abierta la pregunta sobre quién financiará las campañas digitales. Aunque la intención es evitar la influencia de intereses externos, en la práctica, los candidatos necesitarán recursos para posicionarse en redes sociales, lo que podría generar financiamientos opacos.
La falta de medios para difundir perfiles y propuestas podría derivar en un ejercicio poco representativo y, en el peor de los casos, en una elección controlada, por lo que otra nueva pregunta surge ¿La democratización del Poder Judicial está en juego?
