Como cabeza de un aparato de poder criminal, el Presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República.
Grupo REFORMA tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.
En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el ex Presidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.
Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró «también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño».
Subraya la Fiscalía en su solicitud ante el juez: «los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo».
Conforme al documento, Luis Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el Presidente Peña.
A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó «de manera espontánea y por interpósita personas» 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub.
El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados; dichas entregas tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban sino sólo a su beneficio personal.
Y la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.
«Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros, ya que hubo que realizar gestiones tanto en el País como en el extranjero para coptar los recursos ilícitos de Odebrecht», describe el documento consultado por REFORMA.
A la vez, esos recursos hubo que «transferirlos, cambiarlos en moneda corriente, almacenarlos, entregarlos a los legisladores, condicionar el pago de sobornos a cambio de su voto a favor de la aprobación de las reformas estructurales; elaborar las propuestas legislativas a modo que beneficiaran a Odebrecht, entre otros; cabildearlas con el resto de legisladores y publicar las leyes aprobadas», precisa.
Bajo el liderazgo de Peña, Videgaray y Lozoya funcionaron «como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción».
Aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Luis Videgaray como «autor material» de los actos criminales, la FGR deja en claro que Peña fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.
Al señalar que ocupó el cargo oficial más elevado de la administración pública entre 2012 y 2018, subraya que Peña «contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de coptación de la voluntad de los legisladores» para la aprobación de la reforma energética.
Peña tuvo «un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas las cuales estaban obligadas a cumplirlas».
