La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
La solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y fue revelada anoche por el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.
García Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una «embestida política» en su contra.
«Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delitoNunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello», manifestó.
De acuerdo con un oficio enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia este mismo jueves.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de FGR.
Una de ellas involucra a la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal; también a sus hermanos Ismael -actualmente senador- y José Manuel García Cabeza De Vaca. A su madre, María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger, a quien le documentan un depósito irregular de 4.5 millones de pesos, y a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
También son indagados Juan Francisco Tamés Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presuntos socios del Gobernador.
En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la inmobiliaria RC de Tamaulipas.
La petición de la FGR para desaforar al Gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto de 2020, en la que el Mandatario fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.
La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.
Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
La compañía habría recibido los recursos de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.
