Desalojo de invasores y Estado de Derecho
Por Eduardo Serrano
El operativo de desalojo en un predio federal invadido en las cercanías del fraccionamiento Paso Real, no fue una ocurrencia. La polémica acompañó a la noticia que rápidamente corrió por las redes sociales, sin embargo, la evacuación preventiva realizada en coordinación por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es una respuesta firme de respeto al Estado de Derecho. No solo se trataba de la ocupación irregular de un espacio, bastante amplio por cierto, sino de la sumatoria de factores de riesgo que lamentablemente, ya habían cobrado la vida de una persona, en uno de los 16 incendios registrados en dicho predio, cuya situación de peligro, evidentemente, afectaba los vecinos de asentamientos regulares aledaños.
Las condiciones sanitarias, tan preocupantes como indignantes, se sumaban a la inconformidad de miles de familias de la zona, derivando en un creciente clamor social, que necesitaba ser escuchado. Por eso, legisladores locales, entre ellos el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Dip. Alejandro Mojica Narváez, reconocieron las acciones emprendidas por las autoridades en dicho desalojo pacífico, pero también exigieron todo el rigor de la ley, de llegar a comprobarse la presencia de sujetos sin escrúpulos -por decirlo de una manera decente-, que estaban cobrando una cuota semanal a las familias invasoras, prometiéndoles cosas que desde luego, nunca iban a suceder, dada la naturaleza irregular del asentamiento.
Un total de 108 viviendas hechas de materiales frágiles, colgadas peligrosamente del cableado eléctrico, con conexiones ilegales a los servicios públicos, formaban la invasión que, en medio de la acumulación de basura de todo tipo, comprometía la salud, la seguridad, el patrimonio y la vida misma de las familias invasoras, y por supuesto, de las que, sin deberla ni temerla, esperaban -por meses-, una solución por parte de las autoridades, misma que finalmente llegó la madrugada del domingo 12 de julio, ofreciendo traslado y refugio temporal en los albergues municipales, con protección especial a grupos vulnerables. Quien pretenda justificar la invasión de la llamada colonia “San José III”, debería preguntarle a las familias que por varios meses sufrieron los efectos de esta ilegalidad.
Hay quienes aseguran que entre los invasores, se desataban riñas, empleando para ello “armas blancas”. No son situaciones fáciles para las autoridades. Estos hechos, por desgracia, se politizan de inmediato, haciendo ver a quienes trabajan para que se cumpla el Estado de Derecho, como unos seres desalmados, pero pasan por alto todo lo que implica una invasión, y hasta respaldan el reclamo de quienes exigen ser reubicados, seguramente, azuzados por los pseudo líderes que llenan sus bolsillos lucrando con la desgracia de esas familias. Ojalá que el operativo de desalojo, sea un paso determinante para dar con esos sujetos y se finquen responsabilidades, para que se entienda que los operativos de desalojo en invasiones, son necesarios para restablecer el orden.
