Durante la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz, los integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura, se pronunciaron por fortalecer las acciones para garantizar los derechos humanos de los duranguenses, ya que aún hay mucho por hacer.
Durante su tercer informe, el ombudsman estatal, destacó que dentro del periodo de junio de 2019 a mayo de 2020, se recibieron 919 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, donde destacan la Agentes Investigadores del Ministerio Público con 132, la Policía Investigadora de Delitos con 113, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango con 89 y el Instituto Mexicano del Seguro Social con 62, entre otros.
En este sentido y a nombre de la coalición “Cuarta Transformación”, la diputada Claudia Julieta Domínguez Espinoza, comentó que la CEDH tiene competencia para conocer las quejas de violaciones de derechos humanos, sin embargo, tienen dos debilidades, su dependencia histórica al poder ejecutivo, por lo que la sociedad asocia como instancias protectoras de personas responsables de delitos y violaciones a los derechos humanos y el carácter no vinculatorio de conductas que afectan a la sociedad.
Por ello, cuestionó, cuáles es la respuesta respecto a los hechos que se suscitaron con los trabajadores del sector de salud quienes se vieron violentados por personas que desconocían los alcances del COVID-19, además afirmó que muchas de las violaciones quedan en puro trámite, ya que carece de autonomía, por lo que consideró necesario brindar certeza a los duranguenses.
A nombre del GPPRI, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, comentó que en el año 2019, según el informe de la Entidad de Auditoría Superior, la Comisión de Derechos Humanos incurrió en diversas anomalías en el uso del recurso público, que ascienden a una cantidad de un millón 800 mil pesos en relación a comidas relativas al informe anterior, playeras de una carrera infantil, impresión de libros para el informe, impresión de folletería y publicidad, lonas, renta de locales, entre otros.
En este sentido, preguntó con sentido autocrítico, si es necesario reorientar el uso de recursos de la Comisión para cumplir de mejor forma su motivo de ser y si derivado de la crisis sanitaria se ha observado variaciones o incrementos en el número de quejas; si han presentado quejas relacionadas con las medidas sanitarias y la autoridad; la atención médica pública, o derivadas las modalidades educativas a distancia. También se pronunció por redoblar esfuerzos ante los tiempos complicados que vivimos para garantizar los derechos humanos en salud y seguridad pública.
Dentro de la ronda de preguntas, el diputado Gerardo Villarreal Solís, destacó que las quejas más frecuentes ante el IEPC, son las relacionadas con la seguridad personal, detención arbitraria , trato cruel o degradante , prestación indebidamente el servicio públicos , donde nuevamente destacan la Policía Investigadora, seguridad pública, funcionarios municipales y estatal, así como el IMSS.
Sin embargo, destacó que dentro de las 919 quejas que recibió la CEDH, solo 11 se emitieron recomendaciones lo que sigue siendo bajo, por lo que destacó que existe opacidad como se manejan las quejas, no se impulsa a las instituciones a reparar el daño provocado , ni las reformas necesaria, por lo que preguntó qué esfuerzo se ha hecho para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y prevenir abusos futuros, además planteó la posibilidad de garantizar la no repetición, pero también reconoció la limitante que tienen de recursos humanos y del presupuesto, ya que aún hay mucho por hacer.
En su intervención, el diputado David Ramos Zepeda preguntó qué fin tuvo la denuncia por abuso de elementos de la dirección de seguridad y que acciones se realizaron; además comentó que del total de expedientes concluidos se observa que hubo falta de interés por parte de los quejosos, al respecto indagó sobre lo que se puede hacer para que se incremente el interés de la ciudadanía para hacer valer el respeto de sus derechos humanos.
