A fin de fortalecer la protección de la niñez duranguense, reconocer y atender de manera integral a quienes se encuentran en situación de desamparo, la diputada Gaby Vázquez Chacón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
“Cuando una niña o un niño se encuentra en situación de desamparo, no solo pierde protección, también pierde oportunidades. Se vuelve más vulnerable a la violencia, al abandono y a condiciones que afectan su desarrollo físico, emocional y social, y ahí, es donde el Estado debe actuar con claridad, con sensibilidad y, sobre todo, con responsabilidad”, expresó al realizar la ampliación de motivos.
La diputada explicó que la propuesta impulsada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN busca reconocer de manera clara en la ley el concepto de “situación de desamparo”, a fin de identificar con mayor precisión a niñas, niños y adolescentes que han sido abandonados, carecen de cuidados o viven en entornos que ponen en riesgo su desarrollo.
“Nombrar la realidad es el primer paso para atenderla de manera adecuada, para identificar a quienes más lo necesitan y para garantizar que no queden fuera de la protección institucional”, señaló.
Asimismo, detalló que la iniciativa fortalece las atribuciones del Sistema DIF Estatal al establecer la obligación de contar con un registro actualizado de niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo, lo que permitirá dar seguimiento puntual a cada caso y mejorar la coordinación entre instituciones.
“No se trata de números, se trata de vidas, de historias que necesitan acompañamiento y soluciones”, subrayó.
Agregó que la propuesta también contempla fortalecer la coordinación entre el DIF Estatal, la Procuraduría y los municipios, con el propósito de que la atención y protección de la niñez se realice de manera inmediata, cercana y permanente desde el primer momento en que se detecta una situación de riesgo.
Finalmente, comentó que la iniciativa pone en el centro a la familia, pero también reconoce que cuando la familia falla o no está presente, el Estado debe responder, estar ahí para proteger, para acompañar y para garantizar que ninguna niña y ningún niño queden en el abandono.
