Por: Felipe Correa
El incremento al transporte público es entendible, pero no es justo.
En el umbral del periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Transporte en Durango soltó una noticia que, aunque esperada, no deja de ser amarga: el incremento a la tarifa del servicio público. Sin embargo, más allá de los centavos adicionales, lo que realmente pesa es la certeza de que este ajuste no moverá un solo engranaje hacia la modernización. Estamos ante un incremento inercial que no contempla la renovación de unidades ni, mucho menos, la dignificación de quienes sostienen el sistema detrás del volante.
La narrativa oficial es previsible y, en cierta medida, comprensible: el alza en los combustibles, el costo prohibitivo de las refacciones y el crónico deterioro de las calles que devora neumáticos. Son quejas válidas, pero incompletas. La verdadera pregunta es: ¿dónde queda el factor humano en esta ecuación financiera? El aumento es una «aspirina» para una enfermedad terminal; ese peso extra no alcanzará para cubrir las prestaciones sociales, el ahorro para el retiro o los sueldos dignos que se han prometido por décadas.
Para el estudiante o el trabajador que depende de cuatro traslados diarios, este ajuste es un golpe directo a la economía familiar. En contraste, para el chofer, el panorama es igual de desolador. Tras las negociaciones en la Subsecretaría, el eslabón más débil de la cadena volvió a quedar en el olvido. Hablamos de hombres y mujeres que enfrentan jornadas inhumanas, donde desayunar, comer o ir al baño es un lujo que la ruta rara vez permite, y donde el ingreso del día se diluye entre la liquidación al patrón y el combustible del día siguiente.
Esta precariedad laboral es la que explica el éxodo de conductores hacia plataformas digitales como Uber o Didi. Mientras el transporte público tradicional se aferra a un esquema de «hombre-camión» agotado, las aplicaciones ofrecen una alternativa de gestión que, al menos en percepción, parece más humana o autónoma. Si el sistema público no evoluciona para proteger a sus trabajadores, seguirá perdiendo a sus mejores elementos.
Pero la responsabilidad no es unidireccional. Como sociedad, debemos hacer una autocrítica profunda sobre el maltrato sistemático a las unidades. Es una ironía trágica: exigimos vehículos de primer mundo mientras permitimos que el vandalismo y el descuido propio destruyan nuestro único medio para llegar a la escuela, al trabajo o al hogar.
Quienes crean que aumentar la tarifa es la ruta rápida para mejorar el servicio, pecan de ingenuidad o de cinismo. La solución no es encarecer la ineficiencia, sino replantear el modelo de movilidad desde sus cimientos: unidades modernas, usuarios conscientes y, sobre todo, choferes con derechos, no solo con obligaciones. El tiempo de los parches se acabó; o dignificamos el transporte, o seguiremos todos —autoridades, concesionarios y ciudadanos— atrapados en el mismo bache.
