La aprobación de Ley que Regula Medidas para la Prevención de la Transmisión del Virus del COVID-19, que marca como obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios públicos y privados de nuestro estado, es un nuevo modelo que buscar garantizar el respeto a los derechos humanos de los duranguenses, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales.
Explicó que es importante puntualizar que no se contemplan sanciones económicas, o multas a los ciudadanos, como se proponía en un inicio, pues la naturaleza recaudatoria de esta medida podría dar lugar a actos de corrupción.
“De igual forma hemos visto cómo en otros estados de la República, se han reportado casos de abuso policial derivados de los arrestos que contemplan esas leyes; y eso es lo que buscamos evitar”, apuntó.
Amaya Rosales, detalló que exista confianza en que los ciudadanos y las instituciones que serán encargadas de garantizar el uso obligatorio del cubrebocas respetarán esta nueva Ley.
“Estarán obligados a garantizar que sus trabajadores y visitantes usen correctamente el cubrebocas las instituciones privadas y comercios; el transporte público; así como las instituciones públicas y oficinas de gobierno, los cuales deberán procurar el acceso a este aditamento”, abundó.
La presidenta del Congreso local, reiteró que el objetivo último es garantizar la salud de los duranguenses, y no dañar las ya desgastadas economías de las familias en nuestro estado.
