Indemnizar a los afectados por las medidas regresivas de la reforma eléctrica que propone la Presidencia de la República costaría hasta 15 veces lo que se pagó por cancelar el Nuevo Aeropuerto internacional que se construía en Texcoco.
Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, aseguró que el costo de los procesos legales abiertos por empresas afectadas sería de unos 80 mil 679 millones de dólares.
«El costo de manejo de los litigios nacionales e internacionales, así como las indemnizaciones a cubrir a los inversionistas y estados involucrados, pueden ser enormes, se habla de 10 o 15 veces lo que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco», advirtió durante el webinar ‘Amenazas de la contrarreforma constitucional en materia energética y medios de defensa’, organizado por el despacho.
Verónica Esquivel, socia industrial de la misma firma, explicó que existen diversos estudios que fijan la duración del procedimiento de los arbitrajes entre inversionista-Estado entre 4 y 5 años.
«Estos procedimientos implicarán altos costos para el Estado mexicano, desde los costos que implicaría la defensa de estos procedimientos como también los derivados de las posibles condenas contra el Estado mexicano», indicó.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costó a la actual Administración 113 mil 327 millones de pesos, según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, que al tipo de cambio de ayer se calculan en 5 mil 378 millones de dólares.
En caso de que se cumpla la cancelación de contratos en materia energética, las empresas internacionales con presencia en México podrían acudir a los diversos tratados o acuerdos internacionales a los que estén suscritos.
Entre ellos están los Tratados Bilaterales de Inversión (BIT’s), los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRis) o los Tratados Multilaterales de Inversión como el T-MEC, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
Mauricio León, asociado de la firma, dijo que a nivel local las empresas pueden presentar amparos indirectos si se tienen los argumentos sólidos y razonables para que sea exitoso, pero eso sería hasta que entren en vigor los cambios propuestos por el Ejecutivo.
Para Citibanamex, la iniciativa de reforma eléctrica representa una expropiación indirecta de las inversiones realizadas bajo el T-MEC; por ello, de aprobarse, desataría disputas legales.
«(…) Vamos a ver altos costos por todas estas demandas que pueden surgir como respuesta de los inversionistas a este cambio de reglas; incluso bajo T-MEC se puede considerar que esto es una expropiación indirecta, dado que hay un cambio muy significativo en las reglas», señaló Myriam Rubalcava, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex.
