por Eduardo Rodríguez
¿En manos de quienes recaerá la impartición de justicia?
Después de algunas semanas y decenas de foros des-informativos sobre la reforma judicial, donde se vertieron opiniones de “expertos”, juristas, investigadores, ministros, magistrados, jueces y sobre todo: políticos; el resultado más tangible son las cientos de fotografías circuladas en redes sociales por personajes afines a Morena y sus aliados consumando el atraco.
Muy poco se incorporará en el texto final y eso tan solo para darle viabilidad y operación a ese manual del autoritarismo para que el Poder Ejecutivo devore al Poder Judicial.
Ni el mismo presidente AMLO se imaginó que su venganza y revanchismo contra los ministros y jueces que se han pronunciado en contra de varias de las iniciativas presidenciales, tendrían tantas lagunas legales y problemas para su instrumentación, que van desde dotarle recursos extraordinarios al INE para organizar la elección de los juzgadores por voto directo, hasta crear las leyes secundarias para que la impartición y procuración de la justicia no se detenga, además de no transgredir los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
Son tantas las aristas de la reforma que luego que ocurra la aprobacion que haga el Congreso con mayorías calificadas de Morena y rémoras, vendrá necesariamente un impasse de varios meses para gradualmente despedir a los juzgadores y en su lugar, instalar a los que ganaron el proceso de elección directa.
Los afectados de este bodrio legislativo que dejará en plena inoperancia a los juzgados serán, sin duda, los ciudadanos que acuden a los tribunales a dirimir sus diferencias.
Si ahora hay asuntos en los tribunales que tardan años en resolverse con cierta imparcialidad y apego a la ley, no me quiero imaginar que va a pasar con estos novatos jueces cuya única virtud, en el mejor de los casos, será caerle bien a la ciudadanía, aunque no tengan un céntimo de conocimientos jurídicos y mucho menos la experiencia para resolver los asuntos que caigan en sus manos.
Cierto es también que en la actualidad el sistema judicial del país deja mucho que desear, sobre todo porque prevalece un gran número de juzgadores la habilidad de someterse al mejor postor. En los juzgados penales la corrupción prevalece, dando como resultado sentencias aberrantes.
Sin embargo, no por ello se van a cambiar todos los jueces por ciudadanos que fueron seleccionados por insaculación o porque son afines al régimen, pues es una aberración total que pondrá de cabeza al país y trastoca absolutamente todo el marco legal que nos rige. Las consecuencias para el gobierno que está por comenzar la primer presidenta de México son, hasta este momento, de pronóstico reservado.
Ojalá que los asesores jurídicos de Sheinbaum le informen con objetividad el impacto que tendrá en su gestión la reforma judicial en los términos que está redactada. La reforma judicial tiene repercusiones internacionales porque daña el contenido de los tratados comerciales.
Dicho cambio en la ley agregará la gradualidad en la renovación de juzgadores, es decir, no se correrá a todos los jueces al mismo tiempo, sino que será de forma paulatina, hasta cambiarlos en su totalidad.
Hay otra propuesta que tiene que ver con aquellos trabajadores del Poder Judicial que ya se encuentran laborando en los diversos órganos jurisdiccionales. Se les permitirá acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria siempre y cuando cumplan con los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa de la reforma.
Y la tercera propuesta es privilegiar la participación de mujeres en el proceso de elección de juzgadores para lograr mayor presencia de las féminas en la impartición de justicia. Sin embargo, la justicia no es una decisión que debería estar supeditada a un tema de sexos, sino de capacidad.
Sean hombres o mujeres, no se trata de vender frutas o tomar decisiones personales para resolver controversias ajenas; la impartición de justicia tiene que ver con la imparcialidad, el conocimiento, la experiencia, la objetividad y el entendimiento total de la Carta Magna y las leyes secundarias.
Dentro de poco tiempo, el dilema no estará en encontrar quién imparta justicia conforme lo estipula la ley; sino en que exista, cuando menos algo, que se le asemeje.
