por Eduardo Rodriguez
Hospitales en protesta, pacientes en espera.
Cuando médicos y enfermeras se retiran de sus centros de trabajo para reclamar mejores condiciones; cuando pacientes recorren farmacias buscando un medicamento; cuando las adquisiciones sufren retrasos, existe un problema que ninguna mañanera puede resolver.
La salud pública debería ocupar un lugar prioritario en el gasto nacional porque allí no existen segundas oportunidades. Una carretera puede terminarse meses después, una obra pública puede reprogramarse y un proyecto gubernamental puede esperar otro ejercicio presupuestal.
Un paciente no.
Y esa debería ser la medida fundamental para evaluar la política sanitaria de cualquier gobierno: que el paciente encuentre médico, tratamiento y medicamentos cuando los necesita, y que quienes lo atienden tengan condiciones laborales dignas.
Mientras esa ecuación no se cumpla de manera cotidiana en las clínicas y hospitales públicos, el conflicto seguirá creciendo.
Y las batas blancas, que durante años soportaron las deficiencias desde los hospitales y centros de trabajo, ya comenzaron a llevar su inconformidad a las calles.
Los reclamos de los trabajadores del sector salud van en aumento y sería un grave error del gobierno federal reducirlos a un asunto sindical o, peor aún, atribuirlos a una campaña política de sus adversarios.
El propio IMSS reconoce que existen demandas relacionadas con abastos, tiempos de espera, mantenimiento de instalaciones y cobertura de plazas, aunque sostiene que trabaja conjuntamente con el sindicato para resolverlas.
No estamos hablando, entonces, de una invención de la oposición.
El conflicto salarial también existe. El incremento acordado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social fue de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. Un grupo de trabajadores lo rechazo y los empleados serán consultados este 14 de octubre.
Después de dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum y seis de AMLO, el sector salud continúa siendo uno de los expedientes más delicados de su administración.
Zoé Robledo en el IMSS, Martí Batres en el ISSSTE y David Kershenobich en la Secretaría de Salud tienen la responsabilidad política de demostrar que las estadísticas que presentan corresponden con lo que encuentran pacientes y trabajadores al llegar a las unidades médicas.
Porque desde los escritorios oficiales se puede hablar de porcentajes de abasto, pero desde una farmacia vacía la realidad luce diferente.
El ISSSTE, por ejemplo, sostiene que mantiene alrededor de 97 por ciento de abasto nacional y que tan sólo durante septiembre distribuyó 20.5 millones de medicamentos e insumos entre sus farmacias.
El año pasado, Kershenobich aseguró ante diputados que se había contratado 99 por ciento del volumen solicitado de medicamentos e insumos para 2025-2026, equivalente a 3 mil 135 claves y más de 4 mil millones de piezas.
Comprar, almacenar, distribuir y entregar constituyen una cadena completa y cualquiera falla termina pagándola el paciente.
Además, el presupuesto revela las enormes dimensiones del desafío. Para 2026, el gasto programable autorizado al IMSS asciende a 1.59 billones de pesos, mientras IMSS-Bienestar dispone de 172 mil 492 millones. La Secretaría de Salud tiene autorizado un presupuesto anual de 66 mil 825 millones de pesos.
Son cantidades considerables, pero deben atender sistemas gigantescos, obligaciones laborales, pensiones, infraestructura, medicamentos y una creciente demanda de atención.
La accidentada transformación del sistema de salud, primero con el Insabi y posteriormente con IMSS-Bienestar, además de los problemas registrados en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos, obliga a revisar qué funcionó, qué fracasó y qué debe corregirse.
