La semana pasada se aprobó en el Congreso del Estado, la nueva Ley de Servicios Inmobiliarios en Durango, la cual no es un tema menor, pues la misma meterá en cintura a todos aquellos agentes dedicados a esa actividad, para que, ahora sí, estén debidamente certificados, para brindar certeza jurídica a todas aquellas familias duranguenses que quieran rentar, adquirir o comprar una vivienda en esta entidad.
Fue justamente Alejandro Mojica, coordinador de los diputados locales del PAN, quien fue el autor de dicha iniciativa que ahora se ha plasmado en ley en este estado, quien reiteró que esta normativa, ahora obliga a ordenar el sector inmobiliario y lo transforma, obligandolo a establecer estándares, exigiendo su profesionalización y poniéndole fin a la incertidumbre que en su momento, obligó justamente a generar esta ley que hoy, es una realidad.
Se debe recordar que desde su creación, el sector inmobiliario creció sin ningún tipo de regulación, al grado de que cualquiera podía ofertar y ofrecer ese tipo de servicios, aunque no tuviera la acreditación debida, lo que ponía en riesgo el patrimonio de quienes de buena fe, buscan adquirir o rentar una vivienda, muchos de los cuales, terminaron engañados – entre otras cosas – ante la falta de conocimientos en materia inmobiliaria, lo que se debía regular ante una sentida demanda de la propia ciudadanía.
En el razonamiento de Alejandro Mojica, a partir de ahora, cada operación inmobiliaria de compraventa o de arrendamiento, dejará de ser un salto de fe y se convertirá en un acto respaldado por reglas claras, ya que el comprar, rentar o adquirir una vivienda, debe gozar de plena certidumbre, para quienes hacen ese esfuerzo económico, pues en donde no hay regulación, hay vulnerabilidad, y es ahí en donde los más afectados son quienes actúan de buena fe.
De esta manera se terminaron las zonas grises, se acabaron los «atajos», por lo que hoy el mercado inmobiliario en Durango, tiene reglas claras y está claro también que hay inmobiliarias que hicieron su trabajo, en cuanto a la capacitación de sus agentes inmobiliarios se refiere, por lo que serán las que menos batallen, para hacer los ajustes que ahora marca la nueva normativa, todo lo contrario a quienes por años, le sacaron provecho a este vacío legal.
Sería bueno que si ya se aprobó esta ley, de igual manera, nuestros legisladores, le brinden herramientas a los cabildos de Durango, para que sancionen a los constructores que se aprovechan de las familias que compran de buena fe y que tienen la necesidad de hacerse de una vivienda, construyendo en zonas que no están municipalizadas y que por ello, carecen de los servicios básicos, heredandoles graves problemas a las administraciones municipales en turno. A ver quien le entra a ese «torito».
