POR: LILY ORTIZ
La reforma electoral: ¿modernización democrática o tentación autoritaria?
La recién anunciada reforma Electoral por la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido las alarmas, aunque tampoco sorprende que se proponga, toda vez que lo anterior venía entre sus sus “cien puntos” de arranque presidencial, sin embargo, eso no limita a que ya haya despertado encendidos debates, alertas opositoras y una evidente confrontación institucional; y es que no es para menos se trata de un tema que toca las fibras más sensibles del andamiaje democrático mexicano, la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el financiamiento de los partidos y las reglas del juego en las elecciones.
Entre los puntos clave están la reducción del presupuesto del INE, el recorte de recursos a los partidos políticos, la revisión del esquema de representación plurinominal y una delimitación más clara de las facultades tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En términos técnicos, los planteamientos anteriores son sensatos, desde racionalizar el gasto en tiempos de austeridad, eliminar duplicidades institucionales y reducir el costo de la democracia mexicana, que sin duda es efectivamente uno de los más altos del mundo, hasta ese punto todo bien; pero el problema no está en el qué, sino en el cómo y el cuándo.
Curiosamente la propuesta llega en medio de un creciente desencuentro entre el Ejecutivo y el INE, agudizado recientemente por la polémica anulación de boletas en Chiapas durante la elección judicial, misma, que el gobierno interpretó como un acto de obstrucción política por parte de los árbitros electorales. Y desde esta lógica, la reforma aparece no tanto como una iniciativa técnica, sino como una respuesta política ante un árbitro incómodo.
Para la oposición, particularmente el PAN y el PRI, la intención detrás de la reforma es clara, y es que se pretende avanzar hacia el control total de los órganos electorales. Sus dirigentes han calificado la iniciativa de autoritaria y peligrosa, acusando al gobierno de querer desmontar la arquitectura democrática que ha costado décadas construir; y es que entre lo que han señalado está el que para ellos la visión de Sheinbaum no estaría buscando corregir fallas, sino capturar al árbitro, y manejarlo a su consideración y beneficio.
La presidenta, por su parte, ha sido tajante y a acusado a quienes la critica. de defender privilegios y utilizar un discurso alarmista sin sustento, incluso ha insistido en que la reforma es parte de su compromiso de campaña y busca corregir excesos y vicios del sistema actual, no eliminar su esencia.
En este contexto, la discusión que se pudiera dar entre las partes involucradas no puede ni debe limitarse a etiquetas; hablar de “autoritarismo” o “democratización” sin matices no contribuye al análisis serio que el país necesita, mucho menos cuando viene de una elección desgastada, con inconsistencias y que más que certidumbre generó más dudas. La clave estará en los detalles legislativos, en los contrapesos que se mantengan, en las reglas de transición institucional y, sobre todo, en la manera en que se proteja la confianza ciudadana en los procesos electorales.
México ha transitado, con dificultad pero hasta cierta forma con determinación, de un sistema cerrado a uno con mayor apertura y competencia política, y es que a pesar de todo el INE, con todas sus fallas, ha sido un pilar fundamental de esa transición, por lógica cualquier modificación debe fortalecer su autonomía, no socavarla.
La reforma anunciada por Claudia Sheinbaum tiene el potencial de modernizar y hacer más eficiente nuestro sistema electoral. Pero también corre el riesgo de convertirse en un instrumento de regresión democrática si se impone sin diálogo, sin consensos y sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Aunque tomando en cuenta y recapitulando como se han dado las últimas reformas en la Cámara de Diputados y Senadores, difícilmente pudiéramos esperar un debate o por lo menos un contraste de ideas o posturas; sinceramente las esperanzas de que se pudiera consensuar o considerar un mínimo la opinión de otros que no sea de los partidos afines al poder, son remotas.
Los próximos meses serán decisivos, la pregunta ya no es solo técnica o presupuestal, profundamente política: ¿quién controla las elecciones y bajo qué reglas se decide el poder en México? Está es la esencia, la disputa de fondo y lo que detalladamente se debe de poner sobre la mesa.
