POR: LILY ORTIZ
“Pandillas: el problema que no empieza en la calle”
Durango enfrenta un fenómeno que, aunque no es nuevo, hoy se manifiesta con mayor crudeza: el resurgimiento del pandillerismo con una participación cada vez más visible de menores de edad. No se trata solo de riñas callejeras o actos de vandalismo aislados; es un síntoma más profundo de una descomposición social que ha ido normalizando la violencia en edades cada vez más tempranas.
Las cifras y reportes recientes son contundentes; cada fin de semana se registran detenciones o aseguramientos de adolescentes e incluso niños de entre 12 y 14 años involucrados en peleas, daños a la propiedad o conductas que ya rozan lo delictivo. En algunos casos, estos hechos han escalado a consecuencias fatales, evidenciando que el problema dejó de ser menor para convertirse en un asunto de seguridad pública.
Frente a este escenario, las autoridades han respondido con una combinación de vigilancia, operativos y discursos de mano firme; es evidente que hay un esfuerzo institucional por contener el problema. Sin embargo, también es claro que ninguna estrategia será suficiente si se sigue abordando únicamente desde la lógica policiaca.
Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, pero necesario.
Porque sí, hay responsabilidad del Estado en prevenir, intervenir y sancionar; pero también hay una responsabilidad social que durante años se ha diluido: la de las familias, la de los entornos comunitarios y la de una sociedad que muchas veces ha optado por mirar hacia otro lado.
No es menor el hecho de que cada vez más jóvenes participen en estas conductas con una aparente sensación de impunidad. Existe una percepción fundada o no de que, al ser menores de edad, las consecuencias legales serán mínimas. Y si, en algunos casos, lo son; la sanciones, incluso en delitos graves, distan mucho de las que enfrentaría un adulto.
Esto abre una discusión de fondo: ¿el marco legal actual está respondiendo a la realidad que vivimos? ¿Debe replantearse la responsabilidad jurídica de los menores en ciertos delitos? ¿Hasta qué punto deben involucrarse legalmente los padres o tutores cuando hay una evidente omisión de cuidados?
No se trata de criminalizar la juventud ni de apostar únicamente por el castigo; pero tampoco se puede ignorar que hay menores que hoy participan en hechos de alto impacto, con consecuencias reales y víctimas reales. Minimizarlo bajo el argumento de la edad puede ser tan riesgoso como sobrerreaccionar con medidas punitivas sin estrategia.
El punto de equilibrio parece estar en una combinación más inteligente: prevención social efectiva, fortalecimiento del tejido familiar y, sí, una revisión seria del marco legal para evitar que la ley se convierta en incentivo indirecto de conductas delictivas.
Porque al final, el problema no empieza en la calle; empieza en casa, en la escuela, en la comunidad; empieza en la ausencia de límites, en la falta de acompañamiento y en una normalización peligrosa de la violencia como forma de pertenencia o identidad.
Durango está a tiempo de evitar que este fenómeno escale a niveles más graves. Pero eso solo será posible si se entiende que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, todo es una tarea compartida.
Delegar todo a la autoridad es cómodo, pero insuficiente; si como sociedad no asumimos nuestra parte como padres, como vecinos, como ciudadanos cualquier estrategia institucional será apenas un paliativo.
En esta problemática vamos todos y miente aquel que diga que no le afecta; todos vivimos en una sociedad y cuando está no funciona bien; todos salimos perjudicados. Los temas de seguridad sí son responsabilidad de los gobiernos peor es una corresponsabilidad también ciudadana.
