POR: LILY ORTIZ
Coahuila exhorta a Durango… pero el halconeo ya está tipificado
Hay exhortos legislativos que buscan coordinar esfuerzos entre estados y hay otros que, antes de generar coordinación, terminan generando una pregunta elemental: ¿se revisó realmente la legislación del estado al que se pretende exhortar?
Me refiero a esto por qué el Congreso de Coahuila pidió a Durango, Nuevo León y Zacatecas incorporar en sus códigos penales el delito de “halconeo”, bajo el argumento de fortalecer las herramientas contra quienes vigilan, obtienen o transmiten información sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad.
El problema es que Durango ya tiene tipificada esta conducta. El Código Penal del Estado contempla en su artículo 228 TER penas de tres a siete años de prisión, además de multa, para quien vigile o realice actos encaminados a obtener información de manera injustificada sobre actividades oficiales de instituciones de seguridad, cuando exista la finalidad de informar o alertar para facilitar la planeación o comisión de un delito o evitar el cumplimiento de una función pública.
Además, el artículo 228 BIS contempla sanciones mayores para determinadas conductas relacionadas con la obtención o transmisión de información con el propósito de planear o ejecutar delitos u obstaculizar funciones de seguridad pública.
Entonces, la pregunta resulta inevitable y que quisiéramos saber: ¿qué pretende exactamente el exhorto de Coahuila respecto a Durango?
Si se busca homologar legislaciones, cerrar vacíos, fortalecer sanciones o mejorar la coordinación entre estados, la discusión puede ser válida y necesaria. Pero si el punto de partida es que Durango carece de una legislación contra el halconeo, entonces el exhorto revela, cuando menos, una revisión insuficiente de la legislación local.
Y eso no es un asunto menor. Porque en materia de seguridad pública no se puede legislar a partir de percepciones ni de agendas políticas. Primero hay que conocer qué existe, después identificar qué falta y finalmente proponer cómo corregirlo.
Tampoco significa que la legislación de Durango sea perfecta; en caso de que si existen problemas para acreditar el delito, si las autoridades requieren mayores herramientas o si resulta necesaria una homologación regional, que se discuta. Pero el debate debe partir de la realidad jurídica, no de una premisa que pareciera está equivocada.
Y si Coahuila busca una estrategia regional, bienvenida la coordinación. Pero coordinarse no significa corregirle la plana al vecino sin antes revisar sus leyes.
En tiempos donde la ciudadanía exige resultados frente al crimen y mayor eficacia de las instituciones, los congresos deberían entender que legislar no es llenar la agenda de exhortos: es conocer la ley, detectar el problema, escuchar a quienes la aplican y modificarla cuando realmente haga falta.
Porque si Durango ya castiga el halconeo, el debate no debería ser si hay que crear una ley que ya existe.
Cuando hablamos de seguridad pública no hay espacio para legislar por reflejo, por protagonismo o para aparecer primero en la agenda. En seguridad, los congresos no necesitan competir por quién exhorta primero.
Y es que necesariamente quienes son legisladores, obligatoriamente necesitan leer, conocer y por supuesto dar resultados.
