La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, mostró resistencias durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 e incluso impidió el acceso a sus instalaciones y archivos.
En un inusual informe sobre el proceso de revisión, el órgano fiscalizador indicó que, además, funcionarios de la SFP se negaron a comparecer y a entregar información para un expediente de investigación en contra de un líder sindical, al que no identificó.
«Durante la auditoría, la SFP mostró resistencia al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF», apunta el informe.
La Secretaría a cargo de Sandoval impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias con el pretexto de la suspensión de labores por la pandemia, expuso.
«Esto a pesar de que las actividades de revisión de la Auditoría durante el periodo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación durante el ejercicio fiscal 2020».
«La posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal tiene entre sus facultades», acusó.
Parte de lo que la ASF auditaba eran los procesos de coordinación implementados por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, por delegados, subdelegados, comisarios públicos y Órganos Internos de Control para eficientar el control interno de la Administración Pública Federal (APF) y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En esas condiciones, dice el informe, la SFP no acreditó si implementó o no los mecanismos de coordinación y control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y de las metas de las dependencias y entidades de la APF, ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en áreas que son proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.
Lo que sí se encontró, adelantó, fueron irregularidades y deficiencias en procesos de contratación y gestión profesional de servidores públicos que ocupan plazas en la coordinación de órganos de vigilancia.
