“Es necesario fortalecer las políticas públicas orientadas a la regularización del suelo urbano, particularmente en asentamientos que aún carecen de certeza jurídica sobre la propiedad, para avanzar hacia un desarrollo urbano más ordenado, justo e incluyente”, consideró el diputado Noel Fernández Maturino.
En este sentido, señaló que la regularización de lotes debe concebirse como una política pública integral, orientada no solo a dar certeza jurídica a las familias, sino también a integrar estos espacios de manera ordenada a la planeación urbana, bajo criterios de equidad, sustentabilidad y justicia social.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que la irregularidad del suelo representa una problemática con profundas implicaciones sociales y económicas, ya que limita el acceso de miles de familias a programas gubernamentales de vivienda, financiamiento para el mejoramiento habitacional y proyectos de inversión pública.
El diputado explicó que la expansión de asentamientos irregulares no debe entenderse únicamente como una falta a la normativa urbana, sino también como una respuesta social ante la insuficiencia de alternativas formales para acceder al suelo urbano.
Fernández Maturino advirtió que la falta de regularización genera diversas problemáticas estructurales para las familias que habitan en estos espacios, entre ellas la inseguridad patrimonial, el riesgo de conflictos legales o desalojos y la dificultad para heredar su patrimonio.
Además, explicó que la ausencia de certeza jurídica impide que los predios puedan inscribirse en los registros públicos correspondientes, lo que limita su incorporación formal al desarrollo urbano y dificulta la planeación adecuada de las ciudades.
A ello se suma que muchos asentamientos irregulares enfrentan carencias en servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentación y equipamiento urbano, los cuales en ocasiones se instalan de manera parcial o provisional, sin cumplir con estándares técnicos y de seguridad.
“Esta situación impacta directamente en la salud pública, en la calidad de vida de las familias y en la sostenibilidad del desarrollo urbano”, señaló.
Finalmente, afirmó que la regularización del suelo urbano representa una oportunidad estratégica para reducir desigualdades territoriales, fortalecer la gobernanza urbana y garantizar el derecho a la ciudad.
