Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados en Durango se manifestaron en la Plaza IV Centenario para denunciar la pérdida de derechos laborales que, aseguran, derivó de una reforma constitucional que modificó las condiciones bajo las cuales habían obtenido su jubilación mediante convenios con sus antiguos empleadores.
Carlos Gallegos de la Cruz, extrabajador del Centro de Control, y Gabriela Alvarado, jubilada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalaron que los convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron desconocidos posteriormente. Gallegos de la Cruz sostuvo que los trabajadores ya habían cumplido con los años de servicio y las condiciones establecidas para su retiro, mediante acuerdos que, dijo, adquirieron carácter de cosa juzgada.
Los manifestantes argumentaron que la aplicación de la reforma vulneró el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, al afectar derechos que ya habían sido adquiridos. De acuerdo con sus estimaciones, el problema alcanza a alrededor de 98 mil jubilados y sus familias a nivel nacional, entre extrabajadores de la CFE, Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones bancarias como Nafin y Bancomext, así como del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
También cuestionaron el procedimiento seguido ante los tribunales, pues afirmaron que diversos amparos promovidos en distintos estados fueron desechados después de que los asuntos fueran concentrados en tres juzgados de la Ciudad de México. Según los manifestantes, esto impidió que sus casos fueran analizados a fondo o que se otorgaran suspensiones.
La Alianza Nacional de Jubilados anunció que continuará con los recursos legales disponibles en México y, de no obtener una resolución favorable, buscará llevar el conflicto ante tribunales e instancias internacionales con el objetivo de recuperar las prestaciones y derechos que consideran afectados.
