Por Ricardo López Pescador
Una economía activa, dinámica, que avanza de manera consistente necesita de la inversión privada, que los empresarios nacionales y extranjeros encuentren condiciones para crear y ampliar empresas y con ello aumentar los empleos. El gobierno esta obligado a crear las condiciones propicias para la inversión mediante decisiones administrativas, leyes y medidas reglamentarias que generen confianza.
Al iniciar su segundo año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró de manera personal a los inversionistas que ella garantizaba reglas claras para que sus inversiones estuvieran seguras, es decir, que su palabra es más valiosa que la ley. Sin embargo, los inversionistas para invertir no se confían de las palabras de los gobernantes, a los inversionistas lo que les importan son las leyes, las reglas y su vigencia.
Las palabras presidenciales contrastan con las recientes reformas aprobadas por el Congreso mediante las que se destruye de manera formal los pocos contrapesos que aún persistían como el Poder Judicial, después se acabó la autonomía de las comisiones de competencia, de telecomunicaciones, de energía. El impacto de estas reformas es contrario a la promesa de la presidenta, cuyas palabras ante el sector empresarial quedan huecas, alejadas de la realidad.
A pesar de ello, el aparato de morena no reconoce la evidente aberración, mientras la presidenta hace promesas para motivar a los inversionistas, la maquinaria legislativa y reglamentaria del Estado sigue tomando decisiones para concentrar el poder. Esto también explica que la convocatoria al “plan México” sea un rotundo fracaso. Dicha estrategia industrial y económica fue presentada el 13 de enero de 2025 con el objetivo de que el tamaño de la economía mexicana pasara del lugar 12 al lugar 10 y blindar al país de una guerra comercial con Estados Unidos y China. Sin inversión privada, sin movimiento económico dinámico, esos objetivos no se cumplirán.
El régimen actual sigue tomando decisiones para dominar todo: han aprobado legislación para el control digital, el juicio de amparo, la censura a los medios de comunicación, son incesantes en la búsqueda de acabar con cualquier disenso, critica o discrepancia. Incluso, el control intentan ejercerlo desde las aulas con programas en educación básica y media para inculcar teorías ideológicas en lugar de impulsar el conocimiento científico y la actitud critica ante la realidad; a ello se añaden también las conferencias de prensa matutinas desde palacio nacional con las buscan el control no solo de los instrumentos del Estado, sino también de las mentes de los ciudadanos.
Como lo señalo Luis Rubio en una reciente publicación: poco a poco se va volviendo evidente que todo ese control, todo ese poder enfrenta limites reales, porque prohibir, amenazar y controlar solo sucede en contextos autoritarios y los regímenes que se ilusionan con el control total de la realidad acaban mal, en los pasillos oscuros de la historia.
El ambiente autoritario que vive el país es palpable en la narrativa del gobierno, en las leyes, en los actos administrativos, en las sentencias de los nuevos jueces y ministros, en los hechos. Los inversionistas lo que buscan en cualquier país son garantías en las leyes, en la certeza de que su inversión no se pone en riesgo por decisiones autoritarias de gobiernos que actúan como si no existieran limites a sus decisiones.
La obsesión del control absoluto camina en sentido contrario a la apertura a las inversiones y al crecimiento de la economía, el entorno actual de México obliga a los dueños del capital a voltear a ver otros países donde haya mayor certeza, gobiernos responsables y vigencia de los principios democráticos; si, todo eso que en México hemos venido perdiendo de manera paulatina. Cada vez esta más lejos el crecimiento real de economía mexicana.
