Por Ricardo López Pescador
Las reformas electorales que se han realizado en nuestro país desde hace más de cuatro décadas tienen su origen en la necesidad de hacer mas confiables, creíbles y participativos los comicios electorales. Son los partidos de oposición -entre los cuáles se encontraban los de izquierda- quienes antes demandaban condiciones de igualdad y certeza para competir.
Por esa razón resulta extraño que ahora sea el gobierno quien promueva una reforma electoral que no ha sido impulsada por los partidos políticos, ni a consecuencia de algún movimiento social. Solo los gobiernos totalitarios y antidemocráticos -temerosos del escrutinio popular- promueven reformas electorales para permanecer en el poder, tal como ha sucedido en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Dentro de morena hay quienes se preguntan: ¿para qué una reforma electoral ahora? Argumentando que con las normas electorales vigentes han avanzado suficiente al obtener su registro como partido, después ganaron las elecciones presidenciales del 2018, así como las gubernaturas en la mayoría de los estados, y ratificaron la Presidencia de la República en el 2024. Tampoco ven que haya una crisis de legitimidad que obligue a cambiar las reglas del juego electoral.
La gobernabilidad del país tampoco esta en riesgo a tal grado que el control político que tienen hoy les ha permitido concretar varias reformas constitucionales y legales -todas regresivas a los intereses ciudadanos- con el fin de afianzar su proyecto de gobierno. En las votaciones de dichos cambios legislativos, los aliados -o partidos satélites- de morena en las cámaras de diputados y senadores, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde han representado un papel relevante toda vez que sin el voto de sus legisladores no se hubieran alcanzado las mayorías necesarias.
Tampoco se observa alguna dificultad en la representación popular dentro de los ayuntamientos, congresos locales o entidades federativas, ni en nuestro sistema electoral nacional y de los estados, aún y cuando la autonomía del INE vaya en decadencia porque tiene una presidenta dócil al poder en correspondencia a que varios de sus familiares cobran en diferentes instancias de gobierno.
La reforma electoral diseñada por una comisión presidencial unipartidista y excluyente pone en riesgo la unidad del bloque gobernante -integrado por morena, partido del trabajo y partido verde- porque estos dos últimos son los que más pierden si se reducen las diputaciones y senadurías de representación proporcional y si disminuye el financiamiento público a los partidos. Sin el voto de diputados y senadores del PT y del Verde no hay reforma electoral, morena no cuenta con los votos suficientes para reformar por si solo la constitución. Si la reforma avanza hay un evidente riesgo de ruptura en el bloque legislativo mayoritario.
Tampoco los partidos opositores PRI, PAN y MC desean que pase la reforma toda vez que significa un retroceso del sistema democrático, por ser, como lo señala Alejandro Moreno, “un proyecto del poder que apunta a cancelar, en los hechos, el régimen democrático que hemos construido durante décadas. La anulación del arbitro electoral independiente no es tecnicismo: es el primer paso para que las elecciones dejen de ser un mecanismo real de alternancia y se conviertan en una simulación controlada desde el gobierno”.
El financiamiento público es una barrera para que los partidos políticos sean controlados por intereses privados. La constitución reconoce a los partidos como entes de interés público que promueven la participación de los ciudadanos en la elección de los representantes populares, de ahí que el financiamiento público sea la vía idónea para garantizar una competencia electoral basada en contrastar ideologías, propuestas y proyectos de gobierno. Sin los recursos públicos necesarios los partidos pueden convertirse en la fachada de poderes facticos para adueñarse del poder. El razonamiento de la austeridad para reducir las prerrogativas de los partidos no tiene peso real, es insostenible, hay infinidad de gastos inútiles e improductivos en el gobierno federal que, si corrigen y se combate la evidente corrupción, pueden significar verdaderos ahorros.
En conclusión, la reforma electoral que se empeñan en impulsar algunos desde el poder no representa una exigencia social, ni una demanda de los partidos, tampoco una propuesta de la opinión publica, incluso los mismos aliados del gobierno y al interior de morena no son pocos los que la rechazan por inoportuna e innecesaria. Los ciudadanos con vocación democrática debemos decir no a la pretendida reforma que busca incorporar a México en la despreciable ruta de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
