Un presidente sin toga, pero con ejército: Hugo Aguilar Ortiz y sus 103 asesores en la SCJN
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación suele ser escenario de debates jurídicos de alto nivel, pero en esta ocasión el foco no está en una sentencia histórica ni en una interpretación de la Constitución, sino en un número que, por sí mismo, resulta escandaloso: 103 asesores. Sí, esa es la cifra que se le atribuye al recién estrenado presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien prometía austeridad, recato institucional y hasta rompió la solemnidad al anunciar que presidiría sin toga. Al parecer, se quedó sin toga… pero con toda una brigada de apoyo que haría palidecer a cualquier ministerio.
El dato no es menor si se compara con su antecesora, Norma Piña, que con apenas seis asesores registrados en la presidencia parecía gobernar la Corte con la eficacia de un despacho minimalista. Aguilar Ortiz, en cambio, se anota setenta y cinco asesores en la presidencia —ya con eso multiplica por más de doce veces la cifra de Piña— y, como si fuera poco, suma los equipos de ponencia y de dictaminación, alcanzando la friolera de tres cifras. Para un presidente que llegó con la bandera de la sobriedad, la aritmética resulta incómoda.
Pero no todo es tan desproporcionado como parece: en este campo, siempre hay alguien que puede superarte. Lenia Batres, ministra también de la Corte, tiene a su cargo setenta y ocho personas, superando por tres a la presidencia de Aguilar Ortiz. La diferencia es que ella no ha tenido el atrevimiento de hablar de austeridad ni de andar proclamando gestos de sencillez institucional. La ironía es clara: el hombre que dice necesitar menos símbolos (como la toga) necesita, en cambio, más respaldo humano que una campaña electoral presidencial.
La propia SCJN confirmó que el número total de asesores asignados a Aguilar Ortiz asciende a 103. La explicación oficial es que la cifra engloba personal en ponencia (59), dictaminación (34) y presidencia (10). Y, para evitar el linchamiento mediático, la Corte adelantó que habrá una reducción progresiva: a partir de octubre, el equipo pasará de 103 a 84 personas, una dieta administrativa de 19 plazas menos. Dicho en números: la ponencia bajará de 59 a 40, la coordinación de dictaminación se mantendrá en 34 y el equipo de presidencia seguirá en 10.
La matemática no engaña, aunque tampoco convence. Incluso con la reducción, Aguilar Ortiz seguirá teniendo un equipo de asesores muy superior al de cualquier presidente anterior. Su “austeridad” no se mide en comparación con la realidad, sino con el número inflado de su propio arranque. Es como un restaurante que presume de haber bajado de veinte a diecisiete postres en el menú: sigue siendo un exceso, pero ahora con menos culpa.
Lo más llamativo no es solo el número, sino lo que simboliza. Aguilar Ortiz parece enviar un mensaje contradictorio: por un lado, se despoja de la toga, como si quisiera mostrarse cercano, sin liturgias, un juez del pueblo. Por otro, se blinda con más de un centenar de asesores, como si reconociera —aunque sin admitirlo— que la complejidad de la presidencia de la Corte le rebasa y necesita un ejército de apoyo técnico, político y administrativo. La toga pesa menos que la responsabilidad, y esa se reparte entre más de cien cabezas.
El problema es que la Corte no es un ministerio ni un partido político. No necesita operadores en manada ni asesores en enjambre. Lo que requiere es solidez institucional y credibilidad en cada resolución. Y es precisamente ahí donde este episodio deja dudas: si un presidente necesita tal cantidad de soporte, ¿no está confesando implícitamente que no puede con el encargo?
Claro, la política mexicana tiene sus propias reglas del espectáculo. Aguilar Ortiz se presenta como un líder sencillo, sin toga, pero termina convertido en el “general” de una tropa asesora. La austeridad, como tantas veces, no es más que una palabra maleable, un recurso retórico que se acomoda según convenga.
En el fondo, la anécdota deja un retrato irónico: un presidente de la Corte que dice renunciar al ornamento de la toga para simbolizar cercanía, pero que se rodea de un aparato burocrático que desmiente cualquier gesto de sencillez. Un hombre que presume menos solemnidad, pero carga con más peso administrativo que sus antecesores. Y, sobre todo, una institución que, en lugar de fortalecer su imagen de independencia, parece enredarse en los mismos juegos de opulencia discreta que tanto critica del poder político.
Quizá Aguilar Ortiz no use toga, pero con 103 asesores bien podría estrenar uniforme de mariscal.
