Por: Alejandro Flores de la Parra.
Velas para los vivos: el asesinato de Carlos Manzo y el país que aprendió a normalizar la tragedia.
México volvió a encender velas el 1 de noviembre, pero no sólo para sus muertos. En Uruapan, Michoacán —tierra donde los altares son tan grandes como los grupos criminales—, el presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado durante el Festival de las Velas, justo mientras la ciudad honraba a sus difuntos. Ironías del calendario: los muertos del futuro se mezclaron con los del pasado.
El Gabinete de Seguridad federal anunció en redes sociales que “el asesinato no quedará impune”. La frase sonó tan solemne como gastada; una liturgia política que se repite con la fe de quien enciende una vela sabiendo que pronto se apagará. Según el comunicado, fueron detenidos dos involucrados y uno de los agresores murió. En México, los culpables casi siempre caen rápido… los juicios, nunca.
Un alcalde con sombrero, sin partido y con enemigos poderosos.
Carlos Manzo llegó a la presidencia municipal en 2024, encabezando un movimiento independiente llamado “Los del Sombrero”. En un país donde los colores partidistas pesan más que los principios, Manzo representaba una rara especie: un político sin amo. Y eso, en territorios como Michoacán, suele costar caro.
Desde su toma de protesta, fue amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por eso tenía escolta de la Guardia Civil y Guardia Nacional. Aun así, sus últimos meses fueron una súplica pública. En redes sociales pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch. Nadie respondió. Al final, la única respuesta llegó en forma de disparos.
¿Y qué hizo el gobierno federal? Publicó un tuit de condolencia y promesa de justicia. México, el país donde la impunidad se despide con emoji de manos rezando.
La violencia política: un empleo de alto riesgo.
Según datos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), en 2024 se registraron 324 ataques contra funcionarios públicos en México, un incremento del 29 % respecto al año anterior. Ningún otro país del mundo reporta una tasa semejante.
En esta estadística, los alcaldes encabezan la lista de los más asesinados. Los datos duelen más si recordamos que el INEGI calcula que 93 % de los delitos en México no se denuncian. Es decir: los números oficiales son apenas la punta del panteón.
El homicidio de Manzo no es un caso aislado; es parte de un patrón donde ser funcionario equivale a tener un blanco en la espalda. El crimen organizado ha dejado de infiltrar los gobiernos: ahora los gobierna. La línea entre “autoridad” y “cómplice” se ha vuelto tan delgada que ni los forenses la encuentran.
Periodismo bajo fuego: la otra política del silencio.
El costo de investigar o denunciar también se mide en vidas. De acuerdo con Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, más de 100 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. En 2024, el país se mantuvo entre los tres más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Los reporteros que cubren temas de crimen organizado o corrupción local suelen vivir en la precariedad y morir en el anonimato. Y cuando los matan, las fiscalías anuncian con entusiasmo que “ya se abrió una carpeta de investigación”. Porque aquí las carpetas se abren, pero las tumbas se llenan.
Desapariciones, cobros de piso y la extorsión como política pública.
Mientras tanto, la violencia contra la sociedad civil sigue su propio registro. La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) reportó más de 111 000 desaparecidos en México hasta 2023, cifra que sigue creciendo. Sólo en la Ciudad de México, en los primeros siete meses de 2025, se documentaron 1 306 desapariciones forzadas.
Y en el terreno económico, el “cobro de piso” se ha vuelto un impuesto no oficial. Según el INEGI, 67 % de las extorsiones se pagan. Los comerciantes, ante la disyuntiva entre pagar al crimen o denunciar a una autoridad que no los protege, eligen la opción que al menos garantiza seguir vivos.
En otras palabras: en México ya no se habla de libre mercado, sino de mercado del miedo.
La presidenta del silencio.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que prometió “continuidad con cambios”, ha cumplido al pie de la letra la primera parte: continuidad. En materia de seguridad, su gestión ha heredado la estrategia de abrazos sin resultados.
Los alcaldes asesinados, las madres buscadoras, los padres de Ayotzinapa y los colectivos de desaparecidos han recibido más discursos que apoyo. La mandataria, tan activa para responder en redes cuando alguien la critica, se muestra herméticamente serena ante las tragedias humanas que deberían quitarle el sueño.
El caso de Manzo la exhibe de cuerpo entero: un alcalde amenazado, con escolta federal, que pide ayuda directamente a Palacio Nacional… y muere sin que nadie lo escuche. Después, un tuit institucional anuncia que “no quedará impune”. En la era digital, parece que la justicia cabe en 280 caracteres.
Un país que encendió las velas y apagó la esperanza.
El asesinato de Carlos Manzo no sólo refleja la debilidad del Estado, sino la costumbre nacional de normalizar el horror. México vive en duelo perpetuo, pero ya aprendió a convivir con él. Los muertos se cuentan, se indignan un día en redes y se olvidan al siguiente.
La seguridad pública se volvió una simulación burocrática: informes, conferencias, promesas y hashtags. La violencia, mientras tanto, avanza como una administración paralela que sí cumple sus objetivos.
Sheinbaum ha optado por la estrategia del silencio y la estadística: cada conferencia se abre con cifras que intentan demostrar que “todo va mejor”. Pero mientras se presenta un PowerPoint en Palacio, los municipios arden, los periodistas huyen y los ciudadanos viven con miedo.
La pregunta es: ¿cuántas velas más habrá que encender para que el gobierno prenda una luz?
Cuando gobernar se parece a rezar.
La historia de Carlos Manzo es una tragedia nacional con guion repetido: amenaza, súplica, asesinato, tuit.
Pero también es una metáfora de lo que México se ha convertido: un país donde gobernar es un acto de fe, informar es un deporte extremo y sobrevivir, un milagro administrativo.
Mientras la presidenta promete que “no habrá impunidad”, los ciudadanos rezan por no convertirse en la siguiente estadística. Y las velas de Uruapan, que debieron iluminar a los muertos del pasado, hoy alumbran a los vivos que ya se sienten condenados.
Porque en este país, la justicia no llega: se conmemora.
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