“Casinos, lavado y fe política: la ruleta de la moral oficial”.
Por Alejandro Flores de la Parra.
Cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado las operaciones de 13 casinos con vínculos financieros hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos, más de uno en el gabinete debió recordar los viejos tiempos en los que el dinero sucio se blanqueaba con detergente, no con algoritmos. Hoy, la “inteligencia artificial” parece ser la nueva policía moral de un país donde las fichas siempre caen del lado de los poderosos.
El casino como modelo de Estado.
El hallazgo no es menor: según los informes presentados por la UIF, las investigaciones —realizadas durante varios meses en coordinación con la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN)— revelaron flujos millonarios sin justificar y simulaciones fiscales que, paradójicamente, serían la envidia de cualquier despacho contable.
Los casinos detectados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, estados donde la fortuna parece tener siempre un color político bien definido. Los reportes apuntan a tres mecanismos clásicos de lavado de dinero, dignos de un manual universitario:
1. Simulación fiscal con uso intensivo de efectivo. Reportaban ingresos inflados y dispersaban recursos entre filiales y empresas “hermanas”, para declarar al fisco apenas lo necesario para evitar sospechas.
2. Transferencias internacionales sin justificación. Cifras millonarias fueron enviadas a Rumanía, Suiza y EE.UU. sin documentos que acreditaran su origen o destino.
3. Plataformas digitales fuera del control financiero. Casinos en línea canalizaban pagos a Malta y Emiratos Árabes Unidos, refugios favoritos para quienes apuestan a la opacidad.
Según datos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), México ocupa el lugar 36 entre los países con mayor riesgo de lavado, con operaciones sospechosas por más de 10 mil millones de dólares anuales. La UIF reportó que tan solo en 2024 se detectaron más de 72 mil reportes de operaciones inusuales ligadas a juegos y sorteos. El “entretenimiento” dejó de ser una cuestión de suerte y se volvió una ciencia exacta del desvío.
La ruleta del poder.
Pero lo verdaderamente interesante no está en el hallazgo técnico, sino en el contexto político. Los casinos no son solo máquinas tragamonedas: son también máquinas de relaciones. Y, como bien se sabe, en México el azar se regula desde el poder.
El antecedente más incómodo es el de Adán Augusto López Hernández, hoy senador y ex secretario de Gobernación, quien durante su gestión autorizó varias licencias de operación a empresarios como los Bermúdez Requena, señalados por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” en Tabasco. En ese entonces, mientras el gobierno predicaba la “cuarta transformación moral”, los permisos de apuestas se multiplicaban con la misma velocidad que las encuestas favorables al régimen.
La proliferación de casinos durante la administración de López Hernández coincidió, curiosamente, con la expansión de estructuras financieras paralelas en el sureste del país. De acuerdo con informes de la propia Secretaría de Hacienda, entre 2019 y 2022 se registró un incremento del 42% en los reportes de operaciones sospechosas en esa región. Los números no mienten, pero los discursos sí saben disfrazarlos de progreso.
Morena y el eterno retorno de la corrupción.
El discurso oficial insiste en que la lucha contra la corrupción es “una transformación espiritual”, aunque los hechos parezcan más bien una tragicomedia de repetición. Basta revisar la lista de personajes morenistas que han protagonizado escándalos financieros en la última década:
• Pío López Obrador, captado recibiendo sobres de efectivo “para el movimiento”.
• Felipa Obrador, beneficiada con contratos millonarios de Pemex.
• Manuel Bartlett, que descubrió la reencarnación empresarial en 23 casas y departamentos.
• Ana Gabriela Guevara, cuya Conade es más efectiva en desvíos que en medallas.
• Rocío Nahle, cuya casa en El Dorado (Veracruz) es más lujosa que un pozo petrolero.
Y ahora, la cereza sobre el pastel: casinos ligados a transferencias internacionales con permiso de un ex secretario de Gobernación morenista. Si el discurso anticorrupción fuera una ruleta, ya habría dado más vueltas que la fortuna de los Bermúdez Requena.
De la reacción a la “prevención inteligente”.
García Harfuch aseguró que México inicia una nueva etapa de control y detección temprana, apoyada en modelos predictivos de inteligencia artificial. En otras palabras, ahora los algoritmos serán los nuevos fiscales —y, con suerte, menos corruptibles—.
El funcionario resumió la estrategia con elegancia tecnocrática: “Pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente.” Suena bien, aunque la historia reciente demuestra que el problema nunca fue la falta de inteligencia, sino su manipulación.
Porque mientras el Estado presume algoritmos, los grupos financieros del crimen ya están probando criptocasinos descentralizados, pagos en Tether o Monero, y plataformas alojadas en servidores satelitales. Es decir, si el gobierno apenas está aprendiendo a usar la calculadora, los lavadores ya programan en blockchain.
La moraleja del dinero sucio.
El caso de los 13 casinos revela mucho más que un entramado de evasión fiscal: desnuda la doble moral de la política mexicana, donde se excomulga la corrupción solo cuando el pecador cambia de partido.
La administración de Sheinbaum intenta proyectar disciplina y control, pero los tentáculos del dinero ilícito son, como siempre, transsexenales. En un país donde los sorteos presidenciales se usan para tapar huecos del presupuesto, quizá no sorprenda que los casinos terminen siendo una metáfora perfecta del sistema: todos apuestan, pocos ganan, y la casa —es decir, el poder— siempre gana.
Doble o nada.
El bloqueo a los 13 casinos podría ser una señal de seriedad institucional o, simplemente, otra jugada mediática para mover las fichas de la narrativa oficial. Lo sabremos cuando las denuncias ante la FGR no se archiven junto a los expedientes de Lozoya, Segalmex o el avión presidencial.
Mientras tanto, México sigue jugando a la ruleta de la moral pública: el discurso es rojo, los hechos son negros… y el azar, como siempre, está arreglado.
