México “no está controlado por cárteles”… pero la realidad tampoco está controlada por discursos.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirma que “definitivamente hay presencia de grupos delictivos, pero el país no está controlado por cárteles”, uno no puede evitar recordar al amigo optimista que, en medio del incendio, insiste en que “solo es una llamita, pasa seguido”. No es del todo falso, pero sí exige una lectura más fina que el eslogan político.
Harfuch sostiene que México vive un momento excepcional: casi 40 % menos homicidios que hace un año, un récord de 37 mil detenciones de delitos de alto impacto y una estrategia que —según él— está debilitando a las organizaciones criminales. La pregunta es inevitable: ¿los datos respaldan esa afirmación o estamos frente a una coreografía estadística cuidadosamente acomodada?
Lo primero es separar la narrativa oficial de la realidad cruda. Y la realidad, como suele ocurrir en México, no es ni totalmente luminosa ni totalmente sombría. Es, más bien, una zona gris que los discursos políticos prefieren evitar.
El baile de los porcentajes: entre la estadística y el entusiasmo.
El secretario insiste en una caída cercana al 40 % en homicidios. Sin embargo, las cifras públicamente disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran reducciones importantes, sí, pero no tan espectaculares:
• Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, la baja fue 25.8 %.
• En otros cortes, la cifra llega a 32 %, no 40.
• En estados como Sinaloa o Guanajuato hay caídas incluso más pronunciadas, pero localizadas.
Es decir: hay una tendencia a la baja, pero la eficacia del discurso supera ligeramente a la eficacia de los datos.
Y aquí vale un matiz crucial: México sigue registrando más de 33 mil homicidios anuales, según los registros del INEGI para 2024. ¿Menos que antes? Sí. ¿Suficientemente poco para hablar de pacificación? Ni de lejos.
Cuando uno tiene 33 mil homicidios al año, anunciar una reducción de 30 % puede sonar como celebrar que, aunque el barco se esté hundiendo, ahora entra el agua “más despacio”. Técnicamente cierto, políticamente útil, socialmente insuficiente.
¿Menos homicidios = menos cárteles? No tan rápido.
Harfuch presenta otro argumento: más detenciones, más decomisos, más laboratorios destruidos. Suena bien. Suena fuerte. Suena a película donde el policía de traje impecable siempre atrapa al villano en un fondo de música épica.
Pero el crimen organizado no es Hollywood. Es un sistema económico, territorial y político.
Las detenciones reportadas—37 mil en diversos cortes—abarcan desde objetivos importantes hasta operadores menores. La suma puede impresionar, pero el impacto real depende de quiénes son los detenidos… y de qué tan rápido son reemplazados.
La evidencia reciente muestra que los cárteles siguen operando:
• Continúan produciendo drogas sintéticas.
• Siguen controlando rutas locales de extorsión, cobro de piso y mercados informales.
• Mantienen presencia en zonas rurales donde el Estado llega solo en épocas electorales.
El crimen organizado en México funciona como una empresa transnacional que subcontrata personal: si detienen a uno, hay 20 en la fila. El problema no es solo policía; es economía criminal, impunidad judicial y vacío institucional.
INEGI, el aguafiestas oficial.
Mientras la SSPC presume la caída de delitos, el INEGI —ese tío incómodo que siempre llega a las reuniones con datos en vez de opiniones— recuerda que:
• La tasa de homicidios del país sigue en 25.6 por cada 100 mil habitantes,
• El 72 % se cometen con arma de fuego,
• Y, aunque la tendencia es a la baja, México continúa entre los países con mayor violencia letal del mundo.
No es que los avances no existan; es que no alcanzan para sostener un discurso de “no hay control criminal”. México no es un narco-Estado, pero tampoco es un oasis de estabilidad. Es un país donde la autoridad disputa, negocia y coexiste con la delincuencia organizada según la región, el momento y la prioridad política.
La percepción ciudadana: el dato que no coincide con el boletín.
Los gobiernos pueden pelear contra los homicidios, pero no pueden engañar al estómago. El miedo se siente, y el mexicano promedio lo dice sin rodeos:
70 % de la población se siente insegura, según la ENSU del INEGI.
La narrativa de éxito se estrella contra la experiencia cotidiana: calles oscuras, comercios pagando extorsión, balaceras esporádicas, zonas rojas que todos conocen pero nadie menciona en público.
Si la gente no percibe mejora, el discurso oficial se convierte en un espectáculo técnico sin utilidad política.
El gigante dormido: impunidad.
El dato más demoledor no aparece en ningún boletín del gobierno:
Nueve de cada diez homicidios no se castigan.
No lo dice un opositor, lo dice Human Rights Watch, lo confirman estudios académicos, lo aceptan en privado operadores del sistema judicial.
Mientras los homicidios bajan pero la impunidad permanece, la delincuencia no se reduce: se adapta, se reorganiza, se sofistica. Se vuelve más silenciosa, más quirúrgica, menos escandalosa… pero igual de poderosa.
Es el equivalente a barrer la casa sin levantar los muebles: se ve más limpia, pero el polvo sigue ahí, solo que escondido.
¿Por qué insistir en que “no estamos controlados por cárteles”?
Las razones son políticas, y muy claras:
1. Responder a Donald Trump, que este año volvió a decir que “todo México está controlado por los cárteles”. No es lo mismo admitir problemas que aceptar la narrativa de un presidente extranjero que usa a México como punching bag electoral.
2. Consolidar autoridad interna, proyectando un liderazgo fuerte y técnico en un gobierno que necesita certezas en el tema más sensible del país.
3. Construir la figura Harfuch como el estratega eficaz que “sí sabe hacer seguridad”, a diferencia de sus predecesores. Este mensaje es político, mediático y también personal.
Pero un discurso no cambia la estructura criminal. Ni controla territorios. Ni reemplaza instituciones débiles.
Entonces… ¿tiene razón Harfuch?
En parte.
México no está “controlado” por los cárteles al estilo estatal—no son el gobierno, no cobran impuestos formales, no legislan abiertamente—pero sí influyen en regiones, determinan quién puede operar económicamente, regulan mercados ilícitos y en algunos territorios ejercen funciones que el Estado abandonó hace décadas.
Los datos muestran avances. Las instituciones aún no lo confirman. La percepción social tampoco.
Harfuch tiene una narrativa coherente, pero incompleta. Optimista, pero selectiva. Técnica, pero políticamente situada.
Es, en pocas palabras, la versión gubernamental de “no estoy tan mal como dicen… pero tampoco tan bien como quisiera”.
Conclusiones numéricas o sociales…
La afirmación del secretario —“el país no está controlado por cárteles”— es políticamente útil, diplomáticamente necesaria y estadísticamente defendible… hasta donde conviene.
La reducción de homicidios es real, pero insuficiente.
Las detenciones existen, pero no transforman la lógica criminal.
La percepción ciudadana sigue en negativo.
La impunidad erosiona cualquier logro.
México no es un narco-Estado, pero tampoco un Estado que ya recuperó plenamente su soberanía de seguridad.
El país está en un punto intermedio: no controlado por los cárteles, pero tampoco controlado totalmente por el Estado. Y aunque decirlo sin adornos no es tan elegante como un titular de prensa, al menos es más honesto con la realidad.
Si Harfuch quiere demostrar que tiene razón, deberá lograr lo que ningún gobierno ha conseguido: que la reducción de homicidios deje de ser un dato trimestral y se convierta en una tendencia estructural, acompañada de justicia, percepción positiva e instituciones robustas.
La tarea no es imposible, pero tampoco tan sencilla como repetir que “no estamos controlados por cárteles”. Si fuera así de fácil, México ya estaría en Dinamarca… versión seguridad.
