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La Palabra del Giocondo

Tiptip MX por Tiptip MX
noviembre 24, 2025
en Opinión
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El pueblo que desaparece migrantes: la frontera sur como espejo roto de México.

Por: Alejandro Flores de la Parra.

Basado en la investigación de Beatriz Guillén publicada en El País.
México tiene una habilidad macabra para normalizar lo inaceptable. Durante años, las desapariciones se convirtieron en una estadística más del boletín matutino, en un número que sube o baja según la creatividad del vocero en turno. Pero ahora, la brutalidad se volvió tan eficiente que ya no solo desaparecemos a nuestros propios ciudadanos: también desaparecemos a quienes apenas nos rozan de paso. Es el caso de San José El Hueyate y Puerto Madero, dos puntos aparentemente insignificantes en la costa chiapaneca, donde el rastro de 83 migrantes se esfumó entre septiembre y diciembre de 2024. No hay cuerpos, no hay lanchas, no hay naufragios registrados, no hay rescates. Solo hay silencio, mar y zopilotes.
La investigación de Beatriz Guillén, publicada en El País, desnuda lo que muchos preferían ignorar: que el sur de México no solo es una frontera, sino un embudo criminal perfectamente engrasado, donde migrar se volvió un deporte extremo con reglas simples: pagas, o desapareces. Y si no pagas, desapareces más rápido.
El paraíso de las palapas y los secuestros exprés.
San José El Hueyate parece un sitio donde lo peor que podría pasarte es que se te caliente la cerveza. Una franja de tierra, platanales al fondo, mar al frente y zopilotes vigilando desde arriba. Pero las apariencias engañan: la entrada es la salida, y en ese tramo final se esfuman vidas. Desde esa playa salió Cindy Bueso con su bebé y su hija de tres años rumbo a Oaxaca en una lancha que nunca llegó. Lo mismo ocurrió con grupos de cubanos, hondureños, colombianos, dominicanos, jordanos… mujeres, niños, jóvenes que hicieron lo que hacen millones cada año: pagar por una oportunidad y confiar en que México no fuera su última parada.
El modus operandi es idéntico: casas de seguridad, lanchas sin registro, nocturnidad, rutas marítimas clandestinas supuestamente rápidas y discretas. Rutas que terminan, en el mejor de los casos, en el fondo del océano… y en el peor, en manos del crimen organizado.
Porque sí: en el sur de México, ser migrante ya no solo es estar vulnerable. Es ser mercancía.
De frontera pobre a frontera letal.
Chiapas fue por décadas un territorio marcado por la pobreza crónica. El Estado más pobre del país recibía a miles que cruzaban desde Guatemala en la esperanza de llegar algún día a Estados Unidos. Tapachula, con sus 350 mil habitantes, nunca tuvo infraestructura para absorber el flujo creciente de extranjeros que se quedaban atrapados ahí desde que en 2020 se cerró la puerta del norte. La ciudad se volvió trampa, refugio y cárcel simultánea: parques llenos de familias durmiendo entre basura y enfermedades; procesos de asilo eternos; agentes migratorios sin capacidad y, a veces, sin voluntad.
Pero incluso entonces, antes de 2022, el terror aún no se respiraba en cada esquina. El Cártel de Sinaloa mantenía el orden a su estilo: “paz narca”, pero paz al fin. Hasta que llegó la fractura interna y la ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y con ese choque, la frontera sur dejó de ser pobre y se volvió explotable.
La propia población lo reconoce: antes el tráfico de migrantes era artesanal. La familia con taxi subía gente a la carretera, la familia con lancha los adelantaba por mar. Era ilegal, sí, pero más cercano al contrabando tradicional que a un sistema de terror. Eso cambió radicalmente en 2024.
La industrialización del crimen: migrantes con sello y cuota.
Los datos oficiales son contundentes: 315,000 migrantes entraron a Chiapas entre enero y agosto de 2024 (Secretaría de Gobernación). Y casi todos enfrentaron el mismo sistema mafioso:
• Si traías coyote, ya habías pagado tu salvoconducto.
• Si no, te secuestraban.
Camino de Ciudad Hidalgo a Tapachula: 30 kilómetros convertidos en una embotelladora de secuestros exprés. A los migrantes los recluían en galleras, les cobraban 1,000 pesos, les marcaban un sello negro (una figura parecida a un gallo) y los dejaban seguir. El que no pagaba era esclavizado, golpeado o desaparecido.
Las organizaciones de derechos humanos no exageran cuando hablan de un “conflicto civil no reconocido”. El número de desplazados internos en Chiapas supera ya los 10,000. Y con autoridades locales implicadas y federales ausentes, el crimen organizado encontró una mina de oro: seres humanos.
Las lanchas que no llegaron y el mar que no responde.

Las víctimas de las desapariciones recientes llegaron desde múltiples países, rutas y coyotes. Todos terminaron en casas de seguridad en la costa. Todos abordaron lanchas rumbo a Juchitán, Oaxaca. Ninguno llegó.
La Secretaría de Marina no tiene registro de naufragios. No hay reportes de rescate. No hay indicios de accidentes. Las familias han recibido extorsiones, listas de nombres, amenazas. Nada más.
La ONU ha otorgado medidas urgentes para exigir búsqueda inmediata. México, un año después, ni siquiera ha llamado a las familias para hacer entrevistas básicas. Ni sábanas de llamadas, ni rastreo de celulares. Nada.
La pregunta que hacen las madres, desde Cuba, Honduras o República Dominicana, golpea como martillazo:
“¿Acaso la vida de un migrante no tiene valor en México?”
La respuesta amarga es que, estadísticamente, parece que no.
México, fábrica de desaparecidos.
Nuestro país acumula oficialmente más de 110,000 personas desaparecidas (Registro Nacional), aunque organismos independientes estiman que la cifra real es muchísimo mayor. Y entre ellos hay miles de migrantes cuya ausencia nunca ocupó una conferencia presidencial ni un operativo nacional.
Sin embargo, el Estado mexicano sí ha demostrado gran habilidad para algo: desaparecer estadísticas. De hecho, el reciente “ajuste técnico” que borró más de 20 mil casos del registro nacional de golpe debería ser considerado un acto de magia negra digno de Las Vegas.
Si podemos desaparecer cifras, ¿por qué no personas?
Un país que mira al norte mientras ignora el sur.
En 2024, mientras México endurecía retenes, militarizaba carreteras y presumía “ordenamiento migratorio”, la frontera sur se hundía en un caos criminal jamás visto. Tapachula seguía atrapando gente; los carteles multiplicaban negocios; la violencia escalaba; y el Estado… observaba.
El contexto internacional tampoco ayudó. Con el inminente regreso de Donald Trump y sus políticas antimigrantes, México se convirtió, de facto, en el gran muro humano del hemisferio. Pero mientras conteníamos flujos para quedar bien con Washington, dejamos de contener al crimen organizado en nuestro propio territorio.
Y ahí están las consecuencias: 83 personas desaparecieron en cuatro meses. Tres desapariciones masivas. Mujeres, niños, bebés. Cero respuestas.
El espejo que México no quiere ver.
Cuando un país permite que desaparezcan migrantes como si fueran sombras, cuando normaliza casas de seguridad junto a palapas frente al mar, cuando sus autoridades no son capaces ni de llamar por teléfono a una madre desesperada, algo más profundo está roto.
Esta historia no es solo sobre San José El Hueyate. No es solo sobre Tapachula. No es solo sobre Chiapas. Es sobre México.
Sobre un país donde la pobreza, el abandono institucional y el crimen organizado han creado una maquinaria perfecta para convertir la vulnerabilidad en negocio.
La ironía final es cruel: somos una nación formada por migrantes, por gente que se fue, que huyó, que buscó una vida mejor. Y ahora somos la tierra donde otros desaparecen sin dejar rastro.

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