Extorsión: el nuevo enemigo público que todos juran combatir.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El gobierno federal estrenó esta semana un acuerdo que, al menos en papel, suena tan contundente como una declaración de guerra: el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, aprobado por unanimidad por gobernadoras y gobernadores en Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum, en su debut como anfitriona del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo planteó sin rodeos: éste será el gran reto nacional de 2026. Y aunque la frase es solemne, no está lejos de la realidad. La extorsión dejó hace tiempo de ser un delito “común”: es, hoy, la economía paralela más lucrativa del crimen organizado y una de las causas silenciosas del cierre de miles de pequeños comercios.
La apuesta de Sheinbaum es clara: sacar la extorsión de la lógica de “delito estatal que depende de la denuncia de la víctima” y llevarlo a la arena federal, con persecución de oficio y sanciones más duras. En otras palabras, convertir lo que antes era una queja aislada en un asunto de Estado. Sobre el papel, suena a un golpe de autoridad. En la práctica, significa que México está aceptando que su sistema de justicia no puede seguir esperando a que la víctima —casi siempre aterrada— tenga el valor de denunciar.
Unanimidad… y el sospechoso optimismo del federalismo mexicano.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad, una palabra que en México suele aparecer en tres escenarios: cuando hay foto oficial, cuando nadie quiere cargar con el costo político de disentir o cuando todos esperan que el tema lo resuelva alguien más.
En este caso, hay un poco de las tres. Es positivo, sin duda, que entidades gobernadas por todos los colores se sumen a un esfuerzo nacional. Pero también es evidente que el optimismo federalista siempre se estrella con la realidad operativa: capacidades desiguales, fiscalías rebasadas y cuerpos policiacos municipales que sobreviven con presupuestos que no alcanzan ni para gasolina.
Sheinbaum afirma que si ya se logró una reducción de 37% en homicidios dolosos, entonces “juntos” también podrán contra la extorsión. El problema es que la extorsión no se combate igual que un homicidio. Es un delito que se mueve en silencio, que se normaliza, que se ajusta como impuesto criminal y que incluso se institucionaliza en algunas regiones. Disminuir homicidios es un mérito; desmantelar la economía de la extorsión es una empresa completamente distinta.
Extorsión: un delito que México dejó crecer por omisión.
La reforma propuesta tiene una virtud innegable: reconoce que el modelo anterior fracasó. Hasta ahora, la extorsión dependía—de manera casi cruel—del valor de la víctima. Era necesario que un ciudadano denunciara para que el Estado actuara, en un país donde denunciar equivale muchas veces a exponerse, revictimizarse, perder tiempo o simplemente a no obtener nada.
Convertir la extorsión en un delito federal perseguido de oficio es una corrección histórica: saca del individuo la carga de iniciar el proceso. Eso, en sí mismo, es una reforma civilizatoria. Pero también abre un desafío monumental: la Fiscalía General de la República no ha demostrado precisamente una velocidad quirúrgica en la investigación de delitos complejos. Y la extorsión lo es.
Por eso Sheinbaum insiste en una coordinación que parece más un acto de fe que una estrategia: “Si juntos hemos reducido homicidios, juntos bajaremos la extorsión.” Una ecuación lógica desde el discurso, pero insuficiente en la práctica sin inversión, inteligencia criminal, controles de corrupción y fortalecimiento de policías estatales.
El registro telefónico: solución técnica o distracción administrativa?
La mandataria también aseguró que el nuevo registro telefónico será una pieza clave del acuerdo, pues ayudaría a combatir la extorsión telefónica. En teoría, sí: limitar la venta de líneas anónimas reduce las posibilidades del engaño telefónico. En la práctica, sabemos que muchas extorsiones telefónicas salen… de las cárceles.
Así que antes de celebrar la “tecnología al rescate”, habría que atender la ingeniería criminal que opera desde los penales y que ningún gobierno —ni federal ni estatal— ha logrado desmontar por completo. El registro puede ser útil, pero no es un escudo. Es, más bien, un complemento.
La narrativa política: un gobierno que busca apropiarse de una causa transversal.
Hay que reconocerlo: la extorsión es un terreno donde Morena tiene mucho que ganar políticamente. A diferencia de temas polarizantes, aquí no hay un bando pro-extorsión esperando oponerse. Es una causa transversal, socialmente unificadora, y la imagen de Sheinbaum liderando un acuerdo nacional contra este delito fortalece su discurso de continuidad con resultados.
Para la oposición, en cambio, el mensaje es incómodo. Si critica el acuerdo, parece insensible. Si lo respalda, refuerza la narrativa de que el gobierno tiene la iniciativa moral y política. Es otro capítulo donde la oposición juega a reaccionar mientras el oficialismo marca la agenda.
El verdadero examen será en la calle, no en Palacio Nacional.
El acuerdo es un avance político importante: reconoce un problema, centraliza su combate y obliga a la coordinación. Pero el reto real es otro: romper la cadena económica que hace de la extorsión una industria rentable. Sin ese golpe estructural, cualquier reforma seguirá siendo un discurso bien intencionado.
Sheinbaum promete que para finales del próximo año podrán presumir avances. Ese será el momento del examen. Porque la extorsión no se reduce con unanimidades, sino con investigaciones, inteligencia y presencia institucional sostenida.
Si el gobierno logra disminuir este delito, será un triunfo político y social de gran calado. Si no, el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión se convertirá en otra gran promesa de seguridad que terminó colgada en el muro de los buenos deseos.
