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La Palabra del Giocondo

Tiptip MX por Tiptip MX
febrero 4, 2026
en Opinión
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Justicia sobre ruedas (y con aire acondicionado de lujo).

Por: Alejandro Flores de la Parra.

En México la austeridad suele ser una virtud discursiva, no presupuestal. Se invoca en conferencias, se presume en comunicados y se sacrifica en cuanto aparece un catálogo automotriz. El más reciente ejemplo proviene, paradójicamente, de uno de los poderes que más insiste en su sobriedad institucional: el Poder Judicial de la Federación.
Mientras el país discutía reformas, recortes y la eterna promesa de “hacer más con menos”, el 26 de diciembre de 2025 —fecha en la que la mayoría de los mexicanos aún digería el recalentado navideño— el Órgano de Administración Judicial (OAJ) autorizó compras vehiculares por 268 millones 261 mil pesos. Sí, leyó bien: casi trescientos millones de pesos para renovar el estacionamiento.
Y no fue precisamente una tanda de Tsuru usados.
El contexto incómodo.
Dos semanas antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había solicitado autorizar 22 millones de pesos para adjudicar directamente la compra de nueve camionetas blindadas de lujo destinadas a ministros. El escándalo fue inmediato. El mensaje político resultaba difícil de digerir: mientras millones de ciudadanos batallan con inseguridad, transporte público saturado y salarios estancados, los guardianes de la Constitución requerían vehículos dignos de un convoy diplomático.
La presión pública fue tal que esas unidades “finalmente ya no se usarán”. Pero el problema no era sólo el blindaje, sino el patrón.
Porque, mientras la polémica crecía, el OAJ avanzaba silenciosamente con tres adjudicaciones directas adicionales para comprar 551 vehículos de las marcas BYD, Mazda y Nissan. El monto total coincidió con el presupuesto disponible hasta el último centavo: 268,261,996.91 pesos. Ni un peso más, ni uno menos. La precisión contable es admirable; la oportunidad política, cuestionable.
Tres contratos, dos empresarios, muchas coincidencias.
Los números son elocuentes:
• Mazda: 70 vehículos por 21.4 millones, adjudicados a Vehículos Japoneses SA de CV.
• Nissan: 357 unidades por 176.8 millones, otorgados a Jidosha Internacional.
• BYD híbridos: 124 vehículos por 69.9 millones, adjudicados a Evolución Automotriz.
Hasta ahí podría parecer una compra de flotilla ordinaria. El detalle relevante surge al revisar quiénes están detrás.
Las empresas Jidosha Internacional y Evolución Automotriz comparten vínculos societarios con René Antonio Becerra Monroy y Eugenio Santiago Clariond Reyes. Es decir, los mismos empresarios resultaron beneficiados por partida doble. Dos contratos, dos razones sociales distintas, una misma red de intereses.
Legalmente puede ser impecable. Políticamente huele a concentración.
Porque la adjudicación directa —sin licitación abierta— siempre levanta una ceja. Y cuando se repite en contratos multimillonarios, levanta las dos.
El lujo “ecológico”.
El tercer contrato añade una capa de ironía contemporánea: vehículos híbridos de la marca china BYD, vendidos bajo el argumento de eficiencia energética. Nada dice “transición verde” como camionetas de 775 mil pesos cada una.
Entre ellas:
• 25 BYD Shark,
• 75 sedanes KING DM-i,
• 24 Dolphin Mini Plus.
Casi 70 millones de pesos en “movilidad sustentable”.
La pregunta es inevitable: ¿era imprescindible una flotilla híbrida premium o era posible cumplir la misma función con modelos más modestos y una licitación competitiva?
Porque la sustentabilidad también puede ser financiera.
El problema no son los autos.
Conviene aclararlo: el Estado necesita vehículos. Juzgados, notificadores, peritos y personal administrativo requieren movilidad. Nadie propone que trabajen en bicicleta.
El problema no es la compra en sí, sino el momento, la opacidad y la concentración de contratos.
En un Poder Judicial que ha defendido su independencia frente al Ejecutivo argumentando superioridad técnica y ética, este tipo de decisiones erosiona credibilidad. Resulta contradictorio exigir respeto institucional mientras se reproducen prácticas que durante años se criticaron en otras dependencias: adjudicaciones directas, proveedores recurrentes y compras voluminosas al cierre del ejercicio fiscal.
La narrativa de “somos distintos” se desinfla cuando el estacionamiento parece exposición automotriz.
Austeridad selectiva.
Hay algo casi literario en la escena: tribunales con expedientes acumulados, juicios laborales que tardan años, defensorías saturadas… y, afuera, camionetas nuevas brillando al sol.
La justicia mexicana sigue lenta, pero ahora será lenta con asientos ergonómicos. El contraste es brutal.
El discurso oficial del Estado mexicano —en todos los poderes— presume austeridad republicana. Sin embargo, cuando el calendario marca diciembre y el presupuesto debe ejercerse, la prudencia se evapora. Es el viejo síndrome del “gástalo o te lo recortan”.
Y así, la administración pública se convierte en una carrera contrarreloj por vaciar partidas.
El costo político.
Más allá de los 268 millones, el verdadero gasto es reputacional.
En momentos en que el Poder Judicial enfrenta reformas estructurales, cuestionamientos sobre privilegios y presiones políticas inéditas, este tipo de decisiones debilita su defensa pública. Regala argumentos a quienes sostienen que el aparato judicial vive desconectado de la realidad.
La independencia también se construye con sobriedad.
Porque en política la percepción pesa tanto como la legalidad. Y la imagen de jueces estrenando camionetas híbridas de casi 800 mil pesos mientras el país discute recortes presupuestales no ayuda precisamente a generar empatía ciudadana.
Epílogo sobre ruedas.
Quizá todo sea técnicamente justificable. Quizá los contratos cumplieron la norma al pie de la letra. Quizá cada vehículo tenga una función indispensable.
Pero la pregunta no es sólo si era legal. La pregunta es si era sensato.
En un país donde la justicia tarda, cuesta y desespera, gastar casi 300 millones en automotores de lujo equivale a ponerle rines cromados a un sistema que todavía arrastra fallas estructurales.
El mensaje termina siendo involuntariamente cómico: la justicia mexicana no corre más rápido, pero al menos ahora lo hará en modo híbrido.

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