Pensiones sin privilegios… y sin ingenuidad
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La reforma anunciada por el gobierno federal apunta a recortar jubilaciones millonarias en el sector público; una medida políticamente rentable, fiscalmente limitada y jurídicamente desafiante.
La política mexicana tiene una vieja habilidad: convertir la justicia social en consigna antes que en política pública estructural. El anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum de enviar al Congreso una reforma constitucional para limitar las pensiones de altos exfuncionarios públicos encaja perfectamente en esa tradición. La narrativa es contundente —“pensiones sin privilegios”— y difícilmente alguien podría oponerse en abstracto a la idea de frenar jubilaciones que han alcanzado cifras de hasta un millón de pesos mensuales. El problema, como siempre, no está en la consigna, sino en lo que hay detrás de ella.
Actualmente, el límite de estas pensiones estaba vinculado al salario presidencial —unos 2.7 millones de pesos anuales—, y la reforma busca reducirlo al 50%. En términos simbólicos, el gesto es potente: nadie debería retirarse ganando más que quien gobierna. En términos políticos, el mensaje es aún más fuerte: se refuerza la imagen de austeridad y corrección de excesos heredados. Pero en términos estructurales, el impacto es menos dramático de lo que el discurso sugiere.
Los datos presentados por la administración ilustran la dimensión del fenómeno. Más de 3,500 jubilados de Luz y Fuerza del Centro perciben pensiones superiores al ingreso presidencial; en Petróleos Mexicanos cientos de retirados superan incluso el salario del director general; y en la Comisión Federal de Electricidad más de 2,000 jubilados representan un costo cercano a 4,500 millones de pesos anuales. La medida abarcaría además organismos descentralizados, fideicomisos y entidades vinculadas a proyectos emblemáticos como el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México o el Tren Maya, así como la banca de desarrollo encabezada por Nacional Financiera.
El gobierno calcula un ahorro anual de 5,000 millones de pesos que serían canalizados a programas sociales. En una perspectiva presupuestaria, la cifra es modesta: equivale a una fracción mínima del gasto público federal. Sin embargo, su valor político es enorme. Permite alimentar la narrativa redistributiva en un país donde el contraste entre pensiones millonarias y jubilaciones promedio de apenas unos miles de pesos mensuales resulta explosivo en términos sociales.
La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez ha calificado estas prestaciones de “exorbitantes”, una descripción que conecta fácilmente con la indignación pública. No obstante, conviene introducir matices: muchas de esas pensiones derivan de esquemas contractuales firmados bajo marcos institucionales distintos, diseñados para atraer y retener perfiles técnicos en sectores estratégicos. Reducirlas puede ser políticamente atractivo, pero jurídicamente complejo y potencialmente litigioso.
La presidenta ha sido enfática en excluir a trabajadores sindicalizados y en señalar que la reforma no será retroactiva. Aun así, el recorte a pensiones en curso abre interrogantes legales y políticas que probablemente terminarán en tribunales. La experiencia mexicana demuestra que tocar beneficios adquiridos rara vez es un proceso lineal ni exento de costos políticos.
Más allá del debate técnico, la iniciativa cumple varias funciones simultáneas en la arena pública. Refuerza la narrativa moral de austeridad, coloca el tema en la agenda mediática y obliga a la oposición a caminar sobre terreno resbaladizo: cuestionar la medida puede interpretarse como defensa de privilegios, incluso cuando el cuestionamiento sea legítimamente institucional o fiscal.
En el fondo, la discusión relevante es otra. Limitar excesos puede ser necesario para legitimar el gasto público, pero no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones ni la desigualdad en la vejez. Es una intervención quirúrgica sobre una anomalía visible, no una reforma integral del modelo. Y eso explica su atractivo: las soluciones focalizadas generan impacto político inmediato sin asumir el costo de transformaciones profundas.
La propuesta llegará al Congreso envuelta en legitimidad social. Difícilmente alguien defenderá pensiones millonarias en un país con profundas brechas económicas. Pero el análisis serio exige distinguir entre justicia redistributiva real y narrativa eficaz. Porque en política, como en las finanzas públicas, el tamaño del gesto rara vez coincide con el tamaño del problema que pretende resolver.
