Aritmética mata narrativa: Sin mayoría calificada, el proyecto electoral presidencial revela fisuras en casa.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La escena legislativa dejó una imagen poderosa: una reforma electoral presidencial que no cayó por la fuerza de la oposición, sino por la aritmética de la propia coalición gobernante. En política, perder también comunica. Y esta derrota dice más de la correlación interna del poder que de la retórica en tribuna.
El pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum al no alcanzar mayoría calificada: 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. No hubo debate en lo general. Sólo seis posicionamientos, uno por bancada, como si el desenlace estuviera escrito desde antes. A veces el silencio parlamentario no es falta de argumentos, sino exceso de certezas.
La primera lectura es evidente: el oficialismo no logró construir la mayoría constitucional. Pero la segunda es más interesante: sus aliados decidieron marcar distancia sin romper la alianza. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México votaron en contra y, al mismo tiempo, reafirmaron su permanencia en el bloque. Es la coreografía clásica de las coaliciones pragmáticas: disentir en lo táctico para preservar lo estratégico.
El coordinador petista, Reginaldo Sandoval, lo formuló con una mezcla de advertencia institucional y lealtad política. Señaló que la reforma podía abrir la puerta a un “partido hegemónico de Estado” —una acusación de alto calibre en cualquier democracia—, pero envió un mensaje de respaldo total al Ejecutivo. La paradoja no es retórica: es negociación. El PT no objetó el objetivo de austeridad en el financiamiento partidista, sino la fórmula de reparto. Dijo sí a reducir, pero con una distribución que corrija —según su óptica— la inequidad… y mejore su posición relativa. La política presupuestal también es política de supervivencia.
En la misma línea, Carlos Puente, del PVEM, colocó el énfasis en la representación. Su crítica a las listas por circunscripción para elegir plurinominales apuntó a un riesgo técnico con implicaciones políticas: la posible concentración de diputaciones en estados con mayor densidad poblacional, en detrimento de entidades con padrones menores. Traducido al mapa: pluralidad partidista con asimetría territorial. La igualdad formal no siempre produce equidad real.
Desde la oposición, el argumento fue menos técnico y más político. Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, acusó un rediseño para compensar derrotas distritales mediante ingeniería plurinominal. Su tesis: convertir la representación proporcional en un mecanismo de recuperación automática. Más escaños sin más votos. En el Senado, advirtió, el efecto podría amplificarse: mayorías sobredimensionadas con minorías de sufragios. La palabra clave fue “distorsión”.
Por su parte, Elías Lixa, del Partido Acción Nacional, desplazó el eje hacia la integridad electoral. Señaló ausencias en el diseño: medidas contra la infiltración del crimen organizado, sanciones por financiamiento ilícito, nulidades por intervención criminal y el debate sobre sobrerrepresentación. Su mensaje fue político en destinatario y tono: sin garantías de legalidad sustantiva, cualquier rediseño institucional nace incompleto.
Del lado oficialista, Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Regeneración Nacional, optó por la narrativa de continuidad. Si no prospera la vía constitucional, se activará el “Plan B”. Es una señal de resiliencia política, pero también de límites: las reformas estructurales requieren consensos que no se decretan.
Los votos disidentes añadieron matices al cuadro. En el PT, sólo Jesús Roberto Corral Ordoñez respaldó la iniciativa. En Morena, tres legisladores rompieron disciplina. El PVEM combinó crítica con apoyos parciales. PAN y PRI votaron en bloque en contra. Las fisuras no cambiaron el resultado, pero sí revelaron algo más profundo: cohesiones que resisten, lealtades que negocian y bancadas que ya piensan en la siguiente elección.
¿Qué revela este episodio?
Primero, que la gobernabilidad constitucional es un arte de suma fina. Las mayorías simples alcanzan para gobernar; las calificadas, para rediseñar el sistema. Confundirlas suele ser costoso.
Segundo, que las coaliciones electorales no equivalen a unanimidad legislativa. Los aliados también compiten entre sí por espacios, recursos y reglas. Y cuando las reglas del juego están en discusión, cada quien protege su futuro.
Tercero, que el debate de fondo sigue abierto: cómo equilibrar proporcionalidad, representación territorial y gobernabilidad sin fabricar mayorías artificiales ni diluir la pluralidad. No es un dilema ideológico; es un problema de diseño institucional.
La reforma se quedó en el tablero, pero el mensaje quedó en la política: el poder no sólo se ejerce sumando votos, sino entendiendo quién está dispuesto a prestarlos y a qué precio. El “Plan B” llegará con esa lección escrita en mármol legislativo.
Porque en democracia, perder una votación no siempre es una derrota total. A veces es un recordatorio de que las reglas también se negocian. Y que los aliados, cuando hablan distinto, obligan a escuchar mejor.
