Reforma Judicial, un nuevo paradigma político y social.
Para sorpresa de nadie, el proyecto de dictamen que habrán de discutir en unos días los legisladores que componen la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sigue sin tomar en cuenta muchas de las observaciones que se han hecho en los Foros donde se discute, como que esta reforma integral debería, ante todo, ponerle presión al actuar de las fiscalías, que son, en muchos casos, los que echan a perder los procesos y al final terminan en la libertad de quienes debieran estar presos, sin que sea responsabilidad directa de los juzgadores, sino de una falta de regulación en la letra, desde la parte legislativa. Sin embargo y a pesar de la muina que seguramente le ocasiona, sí se le han hecho decenas de cambios al documento que contenía la iniciativa del presidente López Obrador, presentado el pasado 5 de febrero, pues como era de esperarse, estaba hecho al vapor y tratando de cumplir una concepción de la justicia que, quizá, no era clara ni para quien tuvo que redactar y pulir lo que él dictaba, aunque ya incluyeron la ridícula propuesta de la insaculación, o sea, una tómbola para ir desechando aspirantes.
Los cambios realizados, seguramente, también traen ya incidencia de la actual presidenta electa, pues ella misma mencionó, apenas recibió su constancia, que la sustitución de juzgadores por la vía de elección popular debería ser gradual, mencionando además que debería tener bien definidos los requisitos para quienes aspiraban a los cargos de mayor envergadura dentro del Poder Judicial. Esto entonces podría evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cambie de tajo a los 11 ministros y ministras que la componen, tomando en cuenta que se reduciría a nueve elementos y que no todos tienen el mismo tiempo al frente de su encargo, por lo que no podría, esta modificación, ir en detrimento de los actuales representantes de la justicia mexicana.
Por ejemplo, la actual ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, así como a Javier Laynez Potisek, aún les restan cinco de los quince años del periodo para el que fueron nombrados. Recordemos que, además, los periodos para los nuevos ministros asignados se reducirían a once años. A Juan Luis González Alcántara Carrancá, aún le quedan ocho años; a Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, les quedan nueve; a Loretta Ortiz Ahlf le restan diez y a Lenia Batres Guadarrama, la más nueva, le quedan 14. Los más cercanos a cumplir sus periodos son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, que les quedan tres años a cada uno y Jorge Mario Pardo Rebolledo, aún con dos años por delante como ministro. El único que termina antes de que se pudiera dar la primera renovación en junio del 2025, es Luis María Aguilar Morales, quien concluye en diciembre de este mismo año.
Lo que sigue siendo preocupante es que, además de que nadie está viendo la pata quebrada en la mesa, que son las corruptas, facciosas e inoperantes fiscalías, sino que además ahora los magistrados electorales podrían incluirse como aspirantes a la Corte, habiendo validado la elección pasada pese a todas las irregularidades que platicamos en este medio la semana pasada; solo se requeriría un 8 para llegar a tomar las decisiones más importantes de nuestro país en materia de justicia y, como con la señora Batres, no importa que no sepas nada y no tengas experiencia, pues ya no será un requisito la carrera judicial. Imagine que un médico general sea ascendido a neurocirujano o a cardiólogo sin haber usado un bisturí para dirigir una intervención quirúrgica en su vida… pues así de extremo sería.
Pero mientras estas líneas se publican, están por reunirse los miembros del Poder Judicial de la Federación, para definir si habrá o no un paro de labores el próximo miércoles que, aunque pacífico, sería la medida de presión para tratar de impedir que el dictamen sea aprobado sin atender las demandas de los trabajadores, que se sienten relegados y que tienen una inmensa incertidumbre respecto a muchos puntos que se incluyen en la reforma.
Así que la justicia en México, que ha sido todo menos pronta y expedita, mucho menos ciega y ya ni pensemos en transparente, se tratará de un juego de la soga en la que, por un lado, los trabajadores del PJF pondrían en receso más de 3 millones de casos pendientes y, por el otro, los diputados Shakira (esos que son brutos, ciegos, sordomudos… torpes, tristes testarudos), los del oficialismo que van a votar porque tienen qué sin importar razones. Así que bienvenidos al futuro izquierdoso de la 4T, donde la anarquía gobierna y las mañaneras sirven de molde conceptual. Por lo pronto, tendremos que vivir una reforma judicial que será un nuevo paradigma político y social.
