Diez minutos, catorce disparos y una política pública ausente.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En teoría, diez minutos no alcanzan para cambiar un país. En la práctica, bastan para exhibirlo. Entre las 7:30 y las 7:40 de la mañana, en un bachillerato de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente de 15 años convirtió un espacio educativo en una escena de ejecución. Catorce disparos de un rifle AR-15 —arma diseñada para la guerra, no para las aulas— bastaron para arrebatar la vida de dos profesoras y para colocar, otra vez, una pregunta incómoda en el centro del debate público: ¿dónde están las políticas que prometieron atacar las causas de la violencia?
El caso de Osmer H no es únicamente un episodio criminal; es, sobre todo, un síntoma. Y como todo síntoma, incomoda porque revela lo que durante años se ha preferido ignorar o maquillar con discursos.
El Gobierno federal ha sostenido, desde el inicio de la llamada estrategia de “abrazos, no balazos”, que la solución de fondo pasa por atender las causas estructurales del delito: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades. En el papel, la tesis es difícil de refutar. En la realidad, los resultados son más difíciles de defender. México cerró 2024 con más de 30 mil homicidios dolosos, según cifras del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es una cifra menor, ni mucho menos un accidente estadístico.
Pero el dato duro, por sí solo, no explica el fenómeno. Lo verdaderamente inquietante es la mutación del perfil de la violencia. Hoy no solo matan los cárteles: también lo hacen adolescentes. No solo hay disputas territoriales: también hay odio ideológico, frustración emocional y una radicalización digital que crece en silencio.
Osmer H no improvisó. Anunció su ataque en redes sociales, posó con el arma, dejó ver referencias al discurso misógino de comunidades incel y ejecutó un acto que, más que impulsivo, parece premeditado. Es decir, no falló únicamente el control de armas —que ya sería suficiente escándalo—, también falló la capacidad institucional para detectar señales de alerta temprana.
Aquí es donde la narrativa oficial comienza a desdibujarse.
Porque si las causas del crimen son sociales, culturales y económicas, entonces la prevención no puede limitarse a transferencias económicas o programas asistenciales. El deterioro del tejido social no se mide solo en ingresos, sino en vínculos rotos: familias fragmentadas, escuelas rebasadas, comunidades donde la violencia se normaliza y plataformas digitales que amplifican discursos de odio sin contención efectiva.
El dato de que otro adolescente, meses antes y en la misma zona, llamara públicamente a matar profesores debería encender todas las alarmas. No lo hizo. O peor aún: se encendieron, pero nadie supo —o quiso— escuchar.
La ironía es inevitable. Mientras el discurso político insiste en que se atienden las causas, la realidad muestra que esas mismas causas evolucionan, se diversifican y, en muchos casos, se agravan. La política pública parece correr detrás de un fenómeno que ya cambió de forma.
El acceso al arma añade otra capa de gravedad. En un país donde la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército está estrictamente regulada, un menor no solo consiguió un AR-15, sino que lo exhibió en redes antes de usarlo. Esto no habla de una falla, sino de varias: controles laxos, posibles omisiones familiares y una trazabilidad institucional que, hasta ahora, no logra cerrar el círculo.
Sin embargo, reducir el problema al arma sería cómodo, pero insuficiente. El arma dispara, pero no explica. Lo que explica —o al menos orienta— es el contexto: un adolescente que, según versiones preliminares, era retraído, posiblemente víctima de acoso, expuesto a contenidos extremistas y sin un sistema de contención eficaz en su entorno inmediato.
Ahí es donde el Estado, en su sentido más amplio, queda a deber. No solo el gobierno federal, sino también las autoridades locales, el sistema educativo y las políticas de salud mental. Porque si un joven puede transitar de la frustración al odio, y del odio a la violencia letal sin que nadie intervenga, entonces el problema no es individual: es estructural.
Y, sin embargo, el discurso público sigue atrapado en una lógica binaria: más seguridad o más programas sociales, como si ambas cosas fueran excluyentes. La evidencia sugiere lo contrario. Los países que han logrado reducir la violencia combinan prevención social, inteligencia institucional y aplicación efectiva de la ley. No es una fórmula mágica, pero sí una ruta probada.
México, en cambio, parece ensayar una versión incompleta: una apuesta fuerte por lo social, con resultados desiguales, y una debilidad persistente en la capacidad de prevención focalizada y reacción oportuna.
El caso de Osmer H debería obligar a replantear esa ecuación. No desde el oportunismo político —que siempre llega puntual—, sino desde la evidencia. Porque cuando un adolescente convierte una escuela en un campo de tiro, no solo falla una política pública: falla una red completa de protección social.
Diez minutos bastaron para cambiar dos vidas y marcar a una comunidad. Pero el problema lleva años gestándose. Y si algo queda claro tras esta tragedia, es que las causas del crimen no solo siguen ahí: están mutando más rápido que la capacidad del Estado para entenderlas.
El riesgo, como siempre, es acostumbrarse. Y en México, lamentablemente, la costumbre suele ser el primer paso hacia la repetición.
