Plan B: recortes, símbolos y la política de lo “principal”.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política, como en las buenas negociaciones, lo que no se logra suele maquillarse como avance. El llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de cruzar el Senado con mayoría calificada —87 votos a favor contra 41 en contra—, pero no lo hizo intacto. Llegó a la Cámara de Diputados con heridas visibles y, sobre todo, con una narrativa cuidadosamente administrada: “se aprobó lo principal”.
La frase no es menor. Define el tono de una reforma que, más allá de su contenido técnico, se juega en el terreno de la percepción pública.
Lo que sí pasó: la política del recorte.
El núcleo aprobado del Plan B se centra en un viejo recurso con alto rendimiento político: la austeridad. Se avalaron recortes presupuestales al Senado y a los congresos locales, junto con la eliminación de lo que el oficialismo denomina “privilegios” en las autoridades electorales.
En términos concretos, se establece que ningún funcionario electoral —desde consejeros hasta titulares técnicos— podrá ganar más que la Presidenta. Además, se fija un proceso de reducción progresiva del presupuesto del Senado hasta alcanzar un recorte acumulado del 15% en cuatro años, y se limita el tamaño de los ayuntamientos a una sindicatura y hasta quince regidurías.
El mensaje es claro y eficaz: menos gasto, menos burocracia, menos “excesos”. En un país donde el discurso antiélite tiene alta rentabilidad política, esta parte de la reforma no solo es comprensible, sino difícil de combatir sin parecer defensor de privilegios.
Sin embargo, aquí aparece la primera ironía: reducir el costo de la política no necesariamente mejora su calidad. La historia reciente —en México y fuera de él— muestra que la austeridad institucional puede convivir perfectamente con decisiones cuestionables o con una menor capacidad operativa del Estado.
Lo que no pasó: el timing lo es todo.
La parte más polémica del Plan B, la modificación al artículo 35 constitucional para adelantar la revocación de mandato a 2027, fue retirada tras una reserva presentada por la senadora del PT, Lizeth Sánchez García.
Traducido al lenguaje político: se evitó que la consulta coincidiera con el proceso electoral intermedio más relevante del sexenio.
El argumento técnico podría centrarse en evitar la politización de la revocación o en garantizar mejores condiciones organizativas. Pero el trasfondo es inevitablemente político. Vincular ambos procesos habría tenido un efecto movilizador —y polarizador— de alto impacto, con beneficios potenciales para el partido en el poder.
Su eliminación no es un detalle menor: es el reconocimiento implícito de que incluso dentro del bloque oficialista existen límites tácticos.
La narrativa del “éxito parcial”.
Desde Palacio Nacional, la reacción fue previsible. La presidenta sostuvo que “se aprobó lo principal” y lamentó que la parte restante no avanzara, calificándolo como “malo para el país”.
Aquí es donde el análisis exige un poco de lupa. ¿Qué es “lo principal”? Si se atiende al diseño original de la iniciativa, la reforma tenía dos ejes: la austeridad institucional y la reconfiguración de mecanismos de participación política. El Senado avaló uno y descartó el otro.
Llamar a eso una aprobación de lo esencial es, en el mejor de los casos, una interpretación política; en el más estricto, una forma elegante de administrar una derrota parcial.
Entre la eficiencia y el control.
El Plan B, tal como quedó, refleja una tensión constante en las reformas electorales contemporáneas: el equilibrio entre eficiencia administrativa y autonomía institucional.
Reducir presupuestos y salarios puede ser popular, pero también abre preguntas legítimas sobre la capacidad técnica y la independencia de los órganos electorales. En sistemas democráticos, el costo de las elecciones no es solo un gasto: es, en buena medida, una inversión en confianza.
Por otro lado, la eliminación del componente de revocación adelantada sugiere que, incluso en mayorías sólidas, el consenso no es automático. La política mexicana sigue operando bajo la lógica de equilibrios internos, aunque estos se negocien más dentro de las coaliciones que entre ellas.
Un cierre en proceso.
El dictamen ahora está en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también cuenta con los números necesarios para avanzar. Pero el verdadero desenlace del Plan B no se definirá únicamente en el proceso legislativo.
Se jugará en tres frentes: en la implementación de los recortes, en la reacción de los órganos electorales y, sobre todo, en la percepción ciudadana sobre si esta reforma fortalece o debilita la democracia.
Porque al final, en política, lo “principal” no siempre es lo que se aprueba, sino lo que logra convencer. Y ahí, el Plan B todavía está en campaña.
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