La ventana incómoda: cuando el Poder niega lo evidente… hasta que lo admite.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En un país donde la realidad suele competir —y a veces perder— contra su propia narrativa, bastó una escena aparentemente trivial para reabrir un debate de fondo: una mujer asoleándose las piernas en una ventana de Palacio Nacional. La reacción oficial, sin embargo, distó de ser menor. La propia Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que hubo una sanción, aunque sin revelar identidad alguna, al tiempo que defendía la necesidad de “respeto” al recinto histórico. Hasta ahí, el episodio podría archivarse en la categoría de lo anecdótico. Pero no.
Lo verdaderamente revelador no fue la escena en sí, sino la secuencia institucional que la rodeó. Primero, la maquinaria de verificación gubernamental —encarnada en el portal Infodemia, alimentado por el SistemaPúblico de Radiodifusión del Estado Mexicano— desestimó el hecho bajo el argumento de manipulación digital e inteligencia artificial. Días después, la propia presidenta reconoció que el incidente sí ocurrió. No es la primera vez que la realidad termina corrigiendo a la narrativa oficial, pero sí es una más que ilustra un patrón que viene gestándose desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde entonces, el gobierno federal ha construido —con disciplina y persistencia— un ecosistema comunicacional orientado no solo a informar, sino a disputar, moldear y, en ocasiones, neutralizar la conversación pública. Espacios como el “Quién es quién de las mentiras”, integrados a la liturgia de las conferencias matutinas, no surgieron como ejercicios de transparencia, sino como herramientas de contraataque político. En teoría, su objetivo es desmentir información falsa; en la práctica, con frecuencia han terminado descalificando voces críticas bajo criterios más políticos que verificables.
El caso de la “ventana incómoda” expone una contradicción central: cuando el aparato diseñado para combatir la desinformación se equivoca —o peor aún, niega lo que después se confirma—, el daño no es menor. Porque no solo se erosiona la credibilidad del instrumento, sino que se fortalece la sospecha de que la verdad oficial es, en realidad, una versión conveniente de los hechos.
A esto se suma otro fenómeno igualmente significativo: la proliferación de canales paralelos de comunicación afines al gobierno. Youtubers, influencers y portales digitales que, bajo la bandera de la “información alternativa”, reproducen y amplifican la narrativa gubernamental. No se trata de un fenómeno exclusivo de México, pero sí de uno que aquí ha encontrado condiciones fértiles: polarización política, desconfianza en medios tradicionales y una estrategia de comunicación centralizada que premia la lealtad discursiva.
El resultado es un ecosistema donde la información compite no solo en términos de veracidad, sino de afinidad ideológica. Y donde el ciudadano —convertido en consumidor de relatos— debe navegar entre versiones encontradas, muchas veces sin herramientas claras para distinguir entre error, manipulación o simple propaganda.
Paradójicamente, el discurso oficial insiste en que no se prohíben conductas —como asolearse en una ventana—, pero sí se sancionan por “falta de respeto”. Una frase que, leída en clave política, parece extenderse más allá del mármol de Palacio Nacional: no está prohibido disentir, pero conviene hacerlo con cuidado.
El episodio deja, al menos, tres lecturas. La primera, que el control narrativo sigue siendo una prioridad para el actual gobierno, heredada y perfeccionada respecto a la administración anterior. La segunda, que los mecanismos creados para combatir la desinformación pueden convertirse en armas de doble filo cuando fallan o se politizan. Y la tercera —quizá la más preocupante—, que en esta disputa por la verdad, los hechos terminan subordinados al relato.
Porque si algo ha demostrado este caso es que, en la política contemporánea, una imagen puede valer más que mil palabras… salvo cuando la versión oficial decide que no existió. Hasta que sí.
