La bomba que Morena quiere sacar del reflector.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay escándalos que desgastan un gobierno. Y hay otros que amenazan con destruir el relato completo sobre el que ese gobierno construyó su legitimidad. El caso de Rubén Rocha Moya pertenece a la segunda categoría.
No es casualidad que en Morena exista tanta prisa por cambiar la conversación nacional. Porque el problema ya no es solamente un gobernador con licencia requerido por autoridades estadounidenses bajo acusaciones de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El verdadero riesgo es que la historia obligue a revisar, una vez más, el origen político de uno de los estados más estratégicos del país.
Desde su elección, la oposición cuestionó el ambiente de violencia y la influencia del crimen organizado en diversas regiones de Sinaloa durante el proceso electoral. Aquellos señalamientos fueron descalificados como propaganda. Hoy, sin embargo, el contexto es distinto: las acusaciones formuladas en Estados Unidos, independientemente del desenlace judicial que tengan, colocan bajo una presión inédita a Morena, porque dejan de ser un debate partidista para convertirse en un asunto de dimensión internacional.
Pero incluso dejando de lado las investigaciones estadounidenses, las cifras cuentan una historia difícil de maquillar.
Durante la administración de Rocha Moya, las personas desaparecidas y no localizadas crecieron de 270 en 2022 a 951 en 2025, un incremento cercano al 252 por ciento. Entre noviembre de 2021 y mayo de 2026 fueron reportadas más de cinco mil desapariciones en Sinaloa; más de dos mil quinientas personas continúan sin ser localizadas. Y aun después de su salida del cargo, el fenómeno mantiene una inercia preocupante.
Los especialistas coinciden en algo fundamental: las desapariciones no son únicamente una estadística criminal. Son el termómetro más preciso para medir cuándo el Estado comienza a perder el control efectivo de un territorio. Cuando desaparecen personas de manera sostenida, no solamente fracasa la estrategia de seguridad; también se erosiona la capacidad institucional para proteger a la población y garantizar justicia.
Paradójicamente, mientras durante años el discurso oficial insistía en que “ya no había guerra”, la realidad fue llenándose de familias buscadoras, fosas clandestinas, desplazamientos y comunidades enteras atrapadas entre disputas criminales. La paz puede construirse desde un discurso; la seguridad, nunca.
Por supuesto, sería intelectualmente deshonesto atribuir toda la crisis exclusivamente a un gobernador. La confrontación entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa, la presión ejercida por Estados Unidos sobre esas estructuras criminales y las decisiones adoptadas desde el ámbito federal explican buena parte del deterioro. Pero tampoco puede ignorarse que toda administración es evaluada por los resultados que obtiene, no por las dificultades que enfrenta.
Y ahí es donde Morena encuentra su mayor problema político.
Porque el caso Rocha Moya amenaza con romper una de las narrativas más rentables del movimiento: la de representar una diferencia moral frente a los gobiernos del pasado. Si uno de sus gobernadores más emblemáticos termina asociado, política o judicialmente, con organizaciones criminales, el discurso de la superioridad ética comienza a perder fuerza precisamente donde más presume tenerla.
Por eso la urgencia de desplazar el reflector hacia cualquier otro tema. Porque cada día que el nombre de Rocha Moya permanece en la conversación pública, también regresan las preguntas incómodas: ¿quién lo impulsó?, ¿quién lo defendió?, ¿quién ignoró las señales?, ¿y quién responderá por las miles de familias que siguen buscando a un desaparecido?
En política, los escándalos rara vez se olvidan por sí solos. Simplemente son sustituidos por otros… hasta que alguno deja de ser un problema de imagen y se convierte en un problema de Estado. Y Morena sabe perfectamente que el caso Rocha Moya corre el riesgo de convertirse exactamente en eso.
