El tigre ya tiene otra raya.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay noticias que, por sí solas, parecen apenas un movimiento administrativo. Pero cuando se colocan junto al resto de las piezas del tablero, pueden adquirir un significado mucho mayor.
El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos modificó el estatus de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, quien dejó de aparecer bajo custodia en sus registros públicos. El dato, por sí mismo, no permite concluir que haya sido liberado, que exista un acuerdo definitivo con los fiscales estadounidenses o, mucho menos, que haya declarado contra alguien.
Pero hay un antecedente que vuelve particularmente interesante el movimiento: El Universal reportó que Mérida Sánchez fue aceptado como testigo cooperante y que había entregado información inicial a las autoridades estadounidenses.
Y ahí es donde la política empieza a ponerse incómoda.
Porque si Mérida está aportando información y ahora su estatus cambia, la pregunta inevitable no es solamente qué ocurrió con él, sino qué información pudo haber entregado y hasta dónde podría alcanzar.
No se trata de afirmar lo que todavía debe probarse en una corte. Se trata de observar las consecuencias políticas de un expediente que cada vez tiene más nombres, más funcionarios y más preguntas.
La acusación formal presentada en Nueva York incluyó a Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, dentro de una investigación por presunta asociación para importar narcóticos a Estados Unidos. Mérida, por su parte, enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y presuntos sobornos, y los señalamientos estadounidenses sostienen que habría proporcionado información sobre operativos de seguridad a integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa. Él se ha declarado no culpable.
Aquí conviene hacer una pausa: una acusación no equivale a una sentencia. La presunción de inocencia debe respetarse para todos, incluso para aquellos personajes que políticamente resulten incómodos.
Pero también existe otra presunción que debería desaparecer de la discusión pública: la de que cualquier investigación proveniente de Estados Unidos es automáticamente una conspiración política contra Morena.
Durante meses, la defensa política de Rocha Moya ha intentado colocar el caso en el terreno de la persecución, la injerencia extranjera y la supuesta ofensiva de una “hiperderecha” estadounidense contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
El problema es que los expedientes no desaparecen porque se les coloque una etiqueta ideológica.
Y aquí aparece la ironía: si todo fuera una persecución política, resulta bastante peculiar que los supuestos perseguidores estén obteniendo información de personas que formaron parte del círculo gubernamental del propio Rocha.
Primero fueron los señalamientos. Después, la acusación formal. Luego, la detención de funcionarios de su administración. Después, la cooperación de uno de ellos con las autoridades estadounidenses. Y ahora, un cambio en su situación dentro del sistema penitenciario federal.
¿Significa esto que Mérida Sánchez ya entregó información que compromete a Rocha Moya? No lo sabemos. ¿Significa que esa posibilidad debe descartarse? Tampoco.
Lo que sí sabemos es que el caso dejó de ser una simple disputa narrativa entre Washington y Morena. Hay actuaciones judiciales, acusaciones formales y personajes concretos que deberán responder ante la justicia.
Y mientras algunos siguen intentando vender a Rocha como mártir de una persecución imperial, el expediente parece empeñado en contar otra historia.
Porque cuando un gobierno acumula demasiadas acusaciones de corrupción, vínculos con el crimen organizado y presuntas redes de protección, el problema ya no es cuántas rayas tiene el tigre.
El problema es que cada nueva raya empieza a parecer menos una casualidad y más un patrón.
Y en política, los patrones suelen ser mucho más difíciles de explicar que una sola acusación.
La defensa política puede ganar una conferencia de prensa. Pero solamente la evidencia puede ganar un expediente judicial.
