No es el apodo; es el expediente.
Morena pelea contra la etiqueta de “narcopartido” mientras nuevos casos obligan a discutir algo bastante más serio: hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en la política.
Por: Alejandro Flores de la Parra
Morena lleva meses peleando contra una palabra: “narcopartido”. Ha acudido ante las autoridades electorales por su utilización y consiguió medidas cautelares contra algunas publicaciones que empleaban el término. Incluso Claudia Sheinbaum celebró una de las resoluciones que limitaron su uso.
Y, jurídicamente, hay una razón para ser cuidadosos: llamar “narcopartido” a toda una organización supone una acusación colectiva que requeriría demostrar que existe una estructura partidista deliberadamente asociada al crimen. Eso no está acreditado.
El problema para Morena es otro: mientras combate el sustantivo, siguen apareciendo los expedientes.
Este miércoles fue detenido Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien llegó al gobierno municipal impulsado por Morena y sus aliados. Y no se trata —según la investigación oficial— de haber salido en una fotografía inconveniente o de saludar al personaje equivocado. Las autoridades lo relacionan con Los Cromos, una célula del CJNG, y sostienen que desde la infraestructura municipal habría brindado cobertura política y económica al grupo, facilitado información del C2, alertado sobre operativos y participado en esquemas relacionados con cobro de piso, tráfico de migrantes y adquisición de armas. La UIF bloqueó recursos vinculados con la investigación. Son acusaciones que deberán probarse ante un juez, pero su dimensión ya no cabe cómodamente en la palabra “nexos”.
Y ahí comienza el problema político.
Antes estuvo Édgar Rodríguez, “El Limones”, identificado por las autoridades como operador de un grupo criminal y quien había ocupado un cargo en CATEM en Durango, central encabezada nacionalmente por el diputado morenista Pedro Haces. Conviene precisar: Omar García Harfuch señaló que la investigación no involucraba a Haces ni a CATEM. La cercanía no demuestra complicidad. Pero sí deja una pregunta pertinente: ¿qué filtros políticos, partidistas y sindicales permiten que personajes investigados por crimen organizado circulen con semejante naturalidad dentro de estructuras de representación pública?
Después está Hernán Bermúdez Requena. Fue secretario de Seguridad de Tabasco nombrado durante el gobierno de Adán Augusto López y terminó detenido y procesado, acusado de encabezar La Barredora, organización vinculada con extorsión, drogas y huachicol. Adán Augusto sostiene que desconocía sus actividades y niega cualquier relación con esa organización. No corresponde imputarle lo que no está probado. Pero tampoco resulta extravagante preguntar por la responsabilidad política de haber tenido al presunto jefe de una estructura criminal sentado precisamente en la oficina encargada de combatirla. La ironía, en este caso, prácticamente se redacta sola.
Y luego está Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa ha enfrentado acusaciones de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico; él las ha rechazado, Sheinbaum ha exigido pruebas y en México se han abierto investigaciones alrededor del caso. Otra vez: acusación no equivale a culpabilidad. Pero cuando alcaldes, exsecretarios de Seguridad, operadores vinculados a organizaciones cercanas al oficialismo y gobernadores aparecen sucesivamente en expedientes relacionados con estructuras criminales, el costo político difícilmente desaparece prohibiendo un adjetivo.
También sería intelectualmente tramposo fingir que este problema pertenece exclusivamente a Morena. La propia Operación Enjambre acumulaba ya más de cien funcionarios detenidos, incluidos presidentes municipales y servidores públicos provenientes de distintas fuerzas políticas. La captura criminal de gobiernos, policías y estructuras partidistas es un problema del Estado mexicano y no nació en 2018.
Precisamente por eso tampoco alcanza responder cada nuevo caso con el confortable argumento de que “antes también pasaba”. Que una enfermedad sea antigua no convierte en buena noticia que siga haciendo metástasis.
Salvador Camarena planteó este miércoles en EL PAÍS una idea que toca el centro del asunto: el verdadero muro que Sheinbaum necesita frente a las acusaciones provenientes de Washington no se construye únicamente invocando soberanía, sino fortaleciendo justicia, fiscalías, policías y procesando a políticos cuando existan elementos para hacerlo, independientemente de su partido.
Ahí está quizá la paradoja.
Morena puede disputar ante el INE el derecho de sus adversarios a llamarlo “narcopartido”. Puede denunciar excesos opositores —que los hay— y exigir correctamente que ninguna sospecha sea convertida automáticamente en sentencia.
Pero mientras continúen apareciendo funcionarios surgidos, cobijados o impulsados por sus estructuras en investigaciones de esta naturaleza, la discusión pública seguirá regresando al mismo lugar.
Porque, al final, el problema más grave para Morena quizá no sea que alguien quiera llamarlo “narcopartido”.
El problema es que cada nuevo expediente hace un poco más difícil explicar por qué esa palabra sigue encontrando dónde pegarse.
