La oposición también necesita expediente.
Entre la glosa, Dinamita y Las Auras, el reto no es levantar más la voz, sino sostenerla mejor.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política, preguntar incomoda. Y debe hacerlo. Un Congreso en el que nadie cuestiona al gobierno sería poco más que una elegante oficialía de partes. Pero existe una diferencia entre ejercer contrapeso y convertir cada micrófono disponible en oportunidad de posicionamiento: la primera exige argumentos; la segunda, principalmente, cámaras.
La actual Legislatura de Durango ha dado señales de que todavía es posible construir acuerdos entre fuerzas distintas. Ernesto Alanís, coordinador del GPPRI, y Alejandro Mojica, coordinador del GPPAN y actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, han colocado buena parte de su discurso en la construcción de consensos, agendas comunes y resultados legislativos. Sería injusto atribuirles en exclusiva esa civilidad: incluso Morena ha participado en acuerdos institucionales y, en febrero, los coordinadores de PRI, PAN y Morena coincidieron públicamente en construir una agenda legislativa común.
Precisamente por eso llama la atención el estilo que Georgina Solorio ha escogido en algunos episodios recientes.
Durante la glosa del Cuarto Informe, la diputada morenista cuestionó a la fiscal Sonia Yadira de la Garza sobre las detenciones de integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Dinamita, Gómez Palacio. Preguntó cuáles eran los hechos imputados y recordó que algunas de las personas involucradas contaban con mecanismos de protección como defensoras de derechos humanos. La fiscal respondió que existían investigaciones por presuntos robos, amenazas y extorsión y sostuvo que en el operativo participaron autoridades de distintos órdenes de gobierno.
Hasta ahí, nada censurable: preguntar por el debido proceso es obligación legislativa.
El problema aparece cuando el argumento político rebasa la precisión jurídica. Tener medidas del Mecanismo Federal de Protección no equivale a poseer inmunidad penal. La propia normatividad federal contempla incluso procedimientos cuando una persona beneficiaria incurre presuntamente en conductas ilícitas utilizando las medidas asignadas.
Además, el expediente de Dinamita tiene más aristas que una confrontación entre Morena y el Gobierno de Durango. En marzo fueron detenidas 28 personas y posteriormente hubo vinculaciones a proceso; medios regionales documentaron la participación en el operativo de corporaciones federales, estatales y municipales, incluida la Guardia Nacional. Es decir: si se pretende esclarecer toda la cadena de responsabilidades, la pregunta difícilmente puede terminar en la oficina de la fiscal estatal.
Hay todavía una ironía jurídica. Reclamar a la Fiscalía una mejor impartición de justicia confunde funciones fundamentales: el Ministerio Público investiga los delitos y ejerce la acción penal; son los tribunales los que juzgan y resuelven. No es semántica para abogados aburridos: es división constitucional de responsabilidades.
Y después llegaron los árboles.
En Lerdo, la rehabilitación del Parque Forestal Las Auras provocó protestas ciudadanas y una abierta disputa política. La alcaldesa Susy Torrecillas informó que fueron retirados 17 árboles y anunció su reposición con nuevo arbolado; el comité opositor al proyecto ha cuestionado el impacto de las obras y Solorio ha acompañado esas inquietudes.
Torrecillas contraatacó acusando a Grupo Lala de haber talado alrededor de tres mil árboles en La Loma y cuestionó que la diputada no hubiese mostrado la misma beligerancia en ese caso. Esa cifra es, hasta ahora, una acusación de la alcaldesa que requiere comprobación independiente, no un hecho que deba darse automáticamente por demostrado.
Lo que sí está documentado es un dato políticamente incómodo: el currículum oficial de Solorio publicado por el Congreso señala que trabajó como Asistente de Gerencia General de Grupo Industrial Lala entre 1993 y 2009. Eso no demuestra conflicto de interés ni explica por sí mismo sus posiciones actuales. Pero inevitablemente eleva el estándar de transparencia que debería acompañar cualquier diferencia de criterio ambiental.
Ese es el fondo del asunto.
La oposición no pierde legitimidad por confrontar; la pierde cuando confrontar parece sustituir a investigar. Y las mayorías tampoco adquieren razón automática por construir acuerdos. La calidad parlamentaria se mide por otra cosa: precisión, congruencia y resultados.
Alanís y Mojica han apostado públicamente por la negociación y la institucionalidad; Solorio ha escogido en estos casos una presencia más confrontativa. Ambas rutas caben en una democracia.
Pero cuando se busca encender el reflector, conviene recordar una vieja regla de la política: el problema de iluminar demasiado al adversario es que, a veces, la misma luz termina alumbrando el propio expediente.
