El IEPC pide casi 519 millones para 2027.
Organizar elecciones cuesta; lo interesante es explicar por qué ésta tendría que costar tanto.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Organizar una elección cuesta dinero. Negarlo sería demagogia presupuestal. Pero pedir casi 519 millones de pesos para renovar un Congreso integrado por 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 plurinominales también merece algo más elaborado que responder: “es año electoral”. El presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, ha explicado que unos 365 millones serían para el Instituto y cerca de 154 millones para prerrogativas, además de actividades preparatorias rumbo a 2028. Perfecto. Ahora viene la parte incómoda: las matemáticas.
El mejor espejo no es 2025, sino 2024. Aquel año también se renovó el Congreso local, también hubo elección concurrente federal y el IEPC presentó un anteproyecto por 337 millones de pesos: 128.7 millones para partidos y 208.4 millones para el Instituto, incluida la organización electoral y el convenio de coordinación con el INE. Finalmente se autorizaron alrededor de 335 millones.
De 337 a casi 519 millones hay un incremento nominal cercano al 54%. ¿Inflación? Sólo parcialmente. Si a los 337 millones de 2024 se les aplica la inflación de 2025 —3.69%— y las previsiones de Hacienda para 2026 y 2027 —3.5% y 3%, respectivamente—, el equivalente sería aproximadamente 372.5 millones. Quedan alrededor de 146 millones de pesos adicionales que la inflación, por sí sola, no explica. Más interesante aún: el componente propiamente destinado al IEPC pasa de 208.4 millones en aquel anteproyecto a 365 millones ahora. La democracia, al parecer, descubrió una inflación propia.
Naturalmente hay gastos reales: boletas con medidas de seguridad, documentación, bodegas, materiales, contratación temporal, capacitación, traslado y custodia, consejos electorales, PREP, sistemas informáticos y logística. En 2024 se proyectó contratar 758 supervisores y capacitadores, imprimir boletas, operar el PREP y acondicionar bodegas. Nadie sensato pretende organizar elecciones con una urna, dos plumones y buena voluntad.
Pero 2027 tiene una particularidad relevante: el propio INE confirma que habrá Casilla Única, en la que las elecciones federal y local compartirán espacio y organización operativa. Además, IEPC e INE ya autorizaron la celebración de un convenio de coordinación para el proceso concurrente 2026-2027. Eso no significa que la Federación deba pagar la elección local; significa que el Congreso debería exigir una matriz sencilla: qué paga el INE, qué paga el IEPC y qué conceptos comparten. Porque concurrencia debería significar coordinación, no duplicación presupuestal.
Los propios diputados dejaron abierta esa puerta durante la comparecencia. Ernesto Alanís, del PRI, pidió analizar mediante indicadores la inversión y su eficiencia; Osbaldo Santillán, del PVEM, cuestionó que incluso en 2026, sin jornada electoral, exista un gasto importante; y Martín Vivanco, de MC, solicitó conocer cómo se distribuye y ejerce el presupuesto. No parece una conspiración contra la democracia. Parece contabilidad.
Daniela Soto, diputada local y hoy presidenta estatal del PRI, había planteado ya en 2024, frente a otro proceso concurrente, que el INE debía aportar mayor claridad y hacer lo necesario para facilitar la elección. La lógica sigue siendo válida: si dos autoridades organizan simultáneamente, conocer con precisión la distribución de responsabilidades financieras es indispensable.
Hay otro detalle que suele incomodar. El tabulador oficial de 2026 establece remuneraciones de hasta 116 mil 670 pesos para la Presidencia y las consejerías electorales y de 107 mil 520 para la Secretaría Ejecutiva, además de prestaciones. Los salarios altos no constituyen irregularidad; pero sí elevan el estándar de rendición de cuentas. Y mientras el propio Gobierno estatal reconoció que 2025 fue complicado por menores participaciones federales y presiones en salud y educación, el organismo electoral difícilmente puede asumirse como territorio ajeno a cualquier discusión sobre austeridad.
¿Y las fotografías de consejeros vacacionando en Europa? Conviene separar la crítica seria del cotilleo: unas vacaciones privadas no prueban gasto público. Si fueron pagadas con recursos personales, punto. Si existieron viajes oficiales, entonces deben aparecer viáticos, facturas y justificación. La pregunta útil no es París o Madrid; es quién pagó.
El antecedente que sí está documentado es otro. En 2022, la revisión de cuentas del IEPC registró observaciones relacionadas con liquidaciones a dos consejeros; una diputada señaló entonces pagos por 1.5 millones de pesos. Y en 2017 trascendió un proyecto de bono de retiro por 9.65 millones para tres consejeros, criticado públicamente por el entonces consejero del INE Ciro Murayama.
Por eso importa una fecha: Roberto Herrera concluye su presidencia el 23 de agosto de 2027, apenas dos meses y medio después de la elección del 6 de junio.
No es prueba de nada. Precisamente por eso sería saludable despejar desde ahora la tentadora hipótesis del finiquito con sabor a jubilación: ¿el presupuesto de 2027 contempla indemnizaciones, compensaciones, bonos o pagos extraordinarios por conclusión de encargo? ¿Cuánto? ¿Con qué fundamento? Si la respuesta es cero, publicarlo cuesta bastante menos que 500 millones.
La democracia cuesta. La certeza electoral también. Lo que no debería costar tanto es explicar en qué se piensa gastar cada peso.
