Espías, millones y poder: la justicia bajo sospecha.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México, un operativo antidrogas con agentes de la CIA y una investigación por miles de millones de pesos parecen historias sin relación. Sin embargo, ambas colocan sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la justicia mexicana responde verdaderamente a la ley o continúa condicionada por los intereses del poder?
El escándalo de Chihuahua comenzó en abril, cuando dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios estatales murieron en un accidente carretero, después de una operación contra un laboratorio clandestino de drogas en El Pinal. Las versiones iniciales minimizaron la participación estadounidense. Meses después, las investigaciones federales dibujan un escenario considerablemente más grave.
La Fiscalía General de la República sostiene que existió intervención extranjera sin autorización federal. El 17 de octubre fue detenido César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, acusado en el ámbito estatal de delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público. Paralelamente, la FGR anunció una orden de aprehensión por presunta traición a la patria. Guillermo Arturo Zuany Portillo, otro exfuncionario involucrado, también enfrenta órdenes de captura y permanece prófugo, según los reportes disponibles.
Aquí conviene establecer una diferencia fundamental: cooperar con Estados Unidos para combatir al narcotráfico es legítimo; permitir que agentes extranjeros ejerzan funciones reservadas a las autoridades mexicanas, sin autorización, no lo es. La Ley de Seguridad Nacional establece precisamente esa frontera.
Pero tampoco toda irregularidad constituye automáticamente traición a la patria. Esa imputación exige acreditar los elementos específicos del delito ante los tribunales. Confundir una acusación con una sentencia sería tan irresponsable como justificar una posible violación de la soberanía en nombre de la eficacia policial.
El caso tiene, además, una dimensión electoral imposible de ignorar. Jáuregui fue durante años un colaborador cercano de la gobernadora panista Maru Campos. Hoy, su ruptura ocurre en medio de la disputa por las candidaturas de 2027. Su defensa denuncia persecución política, mientras Morena encuentra argumentos para cuestionar al gobierno estatal.
La coincidencia temporal merece escrutinio, pero no demuestra por sí misma una conspiración. Tampoco las diferencias partidistas pueden convertirse en un escudo frente a investigaciones legítimas. Maru Campos debe explicar qué sabía y qué autorizó; la Federación, por su parte, debe demostrar que investiga sin selectividad política.
En otro expediente, igualmente revelador, un juez federal ordenó nuevamente la captura del empresario Raúl Rocha Cantú, vinculado a Miss Universo, por presunta delincuencia organizada y lavado de aproximadamente 3,000 millones de pesos entre 2014 y 2025. La investigación, difundida por Reforma y EL PAÍS, describe una supuesta red de empresas utilizadas para movilizar recursos de procedencia ilícita.
Aunque este caso no tiene conexión procesal conocida con Chihuahua, ambos exhiben una preocupación institucional compartida: la necesidad de esclarecer si las redes de influencia política, empresarial o gubernamental han facilitado conductas ilegales o condiciones de impunidad.
La justicia no puede funcionar como mecanismo de protección para aliados ni como instrumento de eliminación de adversarios. Tampoco puede convertirse en espectáculo mediático donde una orden de aprehensión equivale anticipadamente a culpabilidad.
México necesita cooperación internacional, pero con soberanía; persecución del delito, pero con debido proceso; y autoridades capaces de rendir cuentas sin importar su afiliación política.
Porque al final, el verdadero problema no es que un exfiscal o un empresario poderoso enfrenten investigaciones judiciales. El problema sería descubrir que la justicia solamente alcanza a quienes han perdido la protección del poder.
Y esa sería una derrota institucional mucho más profunda que cualquier escándalo político.
