El presupuesto que ya nació gastado.
El desafío de financiar las pensiones sin comprometer el futuro de México
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El presupuesto de un país revela sus prioridades, pero también sus limitaciones. México se aproxima a 2027 con una paradoja: antes de que los diputados aprueben cómo gastar los recursos públicos, buena parte del dinero ya tiene destino. El problema no es necesariamente cuánto se gasta, sino cuánto margen queda para construir el futuro.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla 10.6 billones de pesos. De esa cantidad, aproximadamente el 80.2% corresponde a compromisos como pensiones, salarios, deuda y transferencias a los estados. En otras palabras, ocho de cada diez pesos tienen un destino previamente determinado.
La presión es particularmente visible en las pensiones. De acuerdo con Hacienda, hasta septiembre de 2026 absorbieron el 24% del gasto federal ejercido, considerando las contributivas y los apoyos para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. Para 2027 se proyectan cerca de 2.48 billones de pesos, incluyendo las pensiones para personas con discapacidad.
Conviene aclararlo: pagar pensiones no constituye un despilfarro. Es una obligación del Estado y, en muchos casos, un derecho construido durante décadas de trabajo. Además, México envejece. La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI identificó 19.2 millones de personas mayores de 60 años, equivalentes al 14.7% de la población. Vivir más es una conquista social; financiar dignamente esa longevidad es el desafío económico.
Sin embargo, existe otra discusión que merece atención: la desigualdad entre los sistemas de retiro. Según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para 2027 el gasto presupuestado promedio por pensionado de la CFE superaría 1.17 millones de pesos anuales, frente a aproximadamente 170 mil pesos en el IMSS. Son regímenes con reglas, trayectorias laborales y fuentes de financiamiento diferentes, por lo que la comparación exige cautela. Aun así, sus diferencias justifican una revisión seria de la equidad y sostenibilidad del sistema.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que su propuesta combina disciplina fiscal, continuidad de los programas sociales y mayores recursos para salud, educación e inversión. Es una posición atendible: las finanzas públicas deben servir al bienestar, no únicamente al equilibrio contable.
Pero los números también obligan a reconocer restricciones. México Evalúa advierte que pensiones e intereses de la deuda representarían conjuntamente el 10.3% del PIB en 2027, por encima del 9.4% destinado a salud, educación, seguridad e infraestructura. La comparación no significa que esos compromisos sean prescindibles; evidencia la estrechez del margen para atender otras necesidades.
Y aquí aparece la dimensión política. A las puertas del proceso electoral de 2027, resulta más sencillo defender beneficios que explicar cómo financiarlos durante las próximas décadas. Pero la responsabilidad no corresponde únicamente al Ejecutivo. El Congreso debe discutir prioridades, evaluar resultados y exigir sostenibilidad, sin convertir los derechos sociales en instrumentos de confrontación partidista.
La solución tampoco consiste en enfrentar a jubilados contra jóvenes. Requiere crecimiento económico, empleo formal, mejor recaudación, revisión transparente de los distintos regímenes pensionarios y una administración que convierta cada peso disponible en resultados verificables.
México necesita proteger las conquistas del pasado sin cancelar las oportunidades del mañana. Porque un presupuesto responsable no solamente garantiza lo que el Estado debe pagar hoy; también preserva su capacidad de responder a lo que la sociedad necesitará mañana.
Y esa es, probablemente, una de las decisiones políticas más importantes que el país sigue posponiendo.
