El que con lobos anda, a aullar se enseña.
La gestión de José Rosas Aispuro será recordada por los duranguenses como uno de los capítulos más oscuros de la administración pública estatal, y uno de los que mayor indignación ha causado, no solo por que fueron seis años de atrasos en todo sentido, pues se olvidó la obra pública y, la poca que se inició, nunca se terminó, pues nunca se cubrió lo correspondiente a los constructores, sin saber a dónde fueron a parar los recursos destinados para ello y de los que, ahora se sabe, siempre llegaban en forma de participaciones federales y ministraciones de los diferentes programas, entregados en tiempo y en cantidades suficientes, no obstante los recortes que año con año han resultado durante los diferentes ejercicios fiscales; sino también porque vimos cómo, diferentes funcionarios se hicieron millonarios y pertenecientes a grupos de prominentes “empresarios” que también se beneficiaron por ser ‘factureros’ o por ser beneficiarios de listados de diferentes fondos, como el escandaloso caso del ‘Fondo Durango’ en tiempos de la inolvidable pandemia, que acabó con cientos de micros y pequeñas empresas, pero que a muchos de estos ‘compadres’ les permitió sacar ventaja de sus inversiones de campaña o simplemente de su cercanía a algún miembro del gabinete estatal.
En el caso de la Educación, sabemos que Durango es víctima de un sexenio donde pasó de noche, so pretexto de la pandemia que centralizó los planes de estudio a lo que se proyectaba en televisión abierta y en donde, a pesar del esfuerzo de muchos maestros y maestras, pero con la displicencia y conformismo de muchos otros, no fue posible evitar un rezago considerable. Aunado a ello, la Secretaría de Educación del Estado de Durango fue rehén de malos manejos administrativos, de un engrosamiento de la nómina estatal sin justificación y de una serie de anomalías que hundieron, aún más, al Sector Educativo.
La reciente detención del exsecretario de Educación, Rubén “N”, por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, marcó agenda porque, según la investigación, se habla de que, durante el pasado sexenio, se perdieron, intencionalmente y en complicidad con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, más de 10 mil laudos laborales a cambio de ‘moches’ provenientes de los implicados, lo que generó una deuda de más de 2 mil millones de pesos, que están saliendo de los bolsillos de los contribuyentes, lo que además no permite que, ese dinero, se destine en obra y programas sociales actualmente.
Así mismo, el pésimo manejo financiero del gobierno de Aispuro, dejó a cientos de familias del personal docente y de apoyo y asistencia del sector educativo, en el desamparo, pues se dejaron de pagar seguros de vida y pagos de ‘terceros institucionales’, incluidos pagos al FOVISSSTE y al FOVI, lo que puso en entredicho el patrimonio que con tantos sacrificios habían adquirido. Además, prestaciones de seguridad social y asistencia médica no fueron pagados a tiempo, lo que ocasionó que se tuvieran pagar a sobreprecio, debido a las cuotas por pagos extemporáneos. Por si fuera poco, se dejaron de realizar los pagos de marcha, lo que dejaba a los deudos sin la posibilidad de cubrir los servicios funerarios de los trabajadores, incluso en tiempos en los que, la pandemia, apresuró la partida de muchos compañeros del gremio magisterial. Todo lo anterior, a pesar de que se hacían las retenciones a los trabajadores de manera puntual y que la Tesorería de la Federación trasladaba los recursos de manera puntual y constante.
Hablando de la pandemia, la salud y la integridad de estudiantes, maestros, personal administrativo y de asistencia, estuvo en entredicho, con la adquisición y distribución de termómetros inservibles a los diferentes planteles, en todos los niveles educativos, así como la contratación de servicios de fumigación en las oficinas centrales, lo que se hizo sin ningún elemento médico que lo avalara.
Durante el mismo periodo, la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación del Estado, realizó la contratación de un despacho de servicios profesionales, al que hizo un pago de 1 millón 390 mil pesos con cargo a la institución que representaba, sin haber recibido el objeto del contrato, lo que fue una práctica constante en múltiples áreas de las diferentes dependencias.
Quizá lo más criticable y que tuvo mayor impacto negativo entre el gremio magisterial y la sociedad en general, fue la existencia de personal con compensaciones exorbitantes, que no se justificaban, según las funciones realizadas. Todo esto mientras, cientos de maestros, no podían cobrar en tiempo su salario, debido a que, alguna de esta gente, no era capaz de realizar un trabajo administrativo pulcro, que garantizara el pago oportuno de los maestros. A la par de esto, se detectaron nóminas familiares, con gente que no acudía a trabajar y que representó un daño patrimonial a la cuenta pública de cantidades millonarias.
En fin, este podría ser el primer paso de más detenciones que podrían darse en los próximos meses, pues es lógico pensar que en estos movimientos hubo participación de mandos medios que, cuentan en los pasillos de la propia Secretaría, se llevaron hasta un naranjo que estaba sembrado en sus instalaciones y fue trasplantado para adornar alguna casa de campo. Bien dicen que “el que con lobos anda, a aullar se enseña” y la jauría deberá acercarse a la jaula, tarde o temprano.
