Elección Judicial; tan a ciegas como la justicia misma.
Aunque cada año se está repitiendo lo que ya pareciera un slogan, en 2025, tendremos “la elección más grande de la historia”, al menos en el número de cargos disponibles; 881 posiciones estarán en disputa entre 3 mil 423 candidatos a nivel federal, mientras que cientos de cargos más serán objeto de elección a nivel local en 19 entidades federativas; todo ello solo para llevar a cabo la renovación del Poder Judicial, un hecho inédito que, por supuesto, estará haciendo historia en la vida democrática de nuestro país.
Además, en Durango y Veracruz, se renovarán las titularidades de las administraciones municipales, sindicaturas y regidurías, por lo que habrá nuevos integrantes en los 251 Ayuntamientos que componen la división política de dichos estados.
La reforma Judicial, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre de 2024, no dio lugar a treguas ni al acomodo necesario en materia logística y de organización para el órgano electoral federal, pues ‘a gritos y sombrerazos’ llegó a mover lo que, parecía, sería una jornada electoral sencilla. Entre su muy apresurada ejecución; la escasez de recursos para garantizar los estándares de cobertura y certeza a los que nuestro Instituto Nacional Electoral nos tiene acostumbrados; la dispareja incidencia en la movilización para pedir el voto por los aspirantes, con topes de campaña tan bajos y, sobre todo, la complejidad de la estructura de las boletas, que a nadie parece habernos quedado clara, la jornada podría no ser tan atractiva en las otras 17 entidades donde no habría elecciones. Aunque, para ser honestos, los votos que más peso tendrán, serán los de los habitantes de Ciudad de México, pues ellos elegirán a quienes ocuparán espacios de juzgados y tribunales que resuelven controversias de materia penal, mercantil o especializada en materia administrativa, económica y de telecomunicaciones, independientemente si residen en CDMX o no, simplemente porque los órganos jurisdiccionales se encuentran ubicados geográficamente en la capital del país.
Esta elección, además, tendrá implicaciones significativas para la impartición de la justicia en las próximas décadas, teniendo en cuenta que, los ganadores, seguramente serán aquellos que son promovidos desde el gobierno federal y sus aliados. Sin embargo, se espera que, quienes lleguen sin compromisos político partidistas, de ideología o hasta de intereses de grupos (crimen organizado, culto, etc.), tengan la oportunidad de incidir, de forma positiva, para mejorar el Sistema Nacional de Justicia, resultando en una verdadera justicia “pronta y expedita”.
Ahora, todo bien con la intención de renovar los espacios y de dar la oportunidad al pueblo de incidir en la decisión de quiénes los ocupen, porque eso nunca había pasado, al menos no de forma directa. Corrupción, inoperancia, injusticia, son parte de los argumentos, todos ciertos, que damos los mexicanos para exigir que se diera una reforma. Pero también es cierto que, en la mayoría de los casos en los que la justicia no parecía empatar con el sentido común, no eran las personas juzgadoras las que cometían las faltas que la alejaban, sino la falta de pericia, preparación, compromiso y hasta capacidad de las policías, agentes del Ministerio Público y fiscales. Esto me obliga a preguntar, si vamos a cambiar a quienes juzgan y, por muy buena intención que tengan y por muy populares que hayan sido, van a seguir enfrentando las deficiencias de quienes les anteceden en el proceso del Sistema de Justicia, ¿cómo lograrán dar resultados diferentes y más aceptados por el pueblo?
Se cambiarán a quienes juzgan, pero ellos seguirán recibiendo carpetas de investigación mal integradas; seguirán siendo testigos de “violaciones al debido proceso”; seguirán dependiendo de corporaciones que violan derechos humanos, de ministerios públicos corruptos, inoperantes o con ningún sentido de la responsabilidad y/o de la urgencia; seguirán teniendo la obligación de apegarse al mismo marco normativo, el mismo que obligaba a liberar delincuentes por todos los yerros antes descritos; entonces, ¿qué es lo que garantiza que la reforma mejore un sistema obsoleto, podrido y lejano, muy lejano a la justicia?
A todo esto, debemos anexarle que no tenemos la certeza de que estemos preparados, como pueblo, para saber discernir entre quiénes son los mejores candidatos. La misma autoridad no supo hacerlo. Tan es así, que dentro de quienes están postulados y que pasaron unos filtros menos efectivos que los de Instagram, hay personajes que están identificados por haber cometido delitos y hasta haber sido vinculados a proceso; personas que tienen participación directa como líderes de algún culto; personas que están relacionados directamente con partidos políticos, con grupos empresariales o, peor aún, con el crimen organizado. ¿Cómo vamos a evitar que la balanza se incline hacia algún u otro lado, al margen de lo que realmente sea justo?
Así, sin certeza, sin conocimiento, sin herramientas que nos permitan elegir verdaderamente a los mejores juzgadores, tendremos, usted y yo, la obligación de renovar nuestro Poder Judicial. Y más nos vale hacerlo bien, porque si colapsa, los políticos que decidieron hacerlo, se lavarán las manos diciendo que “así lo quiso el pueblo”. Que Dios nos bendiga.
Alejandro Flores de la Parra.
