Por: Jorge Anima
Ernesto Alanis cumple con el reto en el congreso
Presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política no es un cargo honorífico ni una concesión automática del equilibrio partidista. Es, en realidad, uno de los espacios donde se mide la estatura política de quien lo ocupa. En un Congreso plural, con incentivos permanentes para el bloqueo y la simulación, la Jugocopo puede convertirse en una oficina de trámite o en un verdadero centro de conducción política. Esa es la diferencia que marca el periodo encabezado por Ernesto Alanís, quién es un actor político al estilo vintage con las buenas costumbres y aspectos positivos de antaño, pero entiendiendo la modernidad y los tiempos actuales de la política y la sociedad. Un hombre que honra su palabra, y que teje fino
Alanís no llegó a reinventar el Congreso, pero sí a ordenar un terreno históricamente propenso a la dispersión. Su perfil responde a resultados: diálogo, formación en la negociación , lectura de los tiempos políticos y una comprensión clara de que la gobernabilidad legislativa no se construye desde el protagonismo, sino desde el control de procesos. No es menor en un contexto donde muchos confunden liderazgo con estridencia.
El principal mérito de su gestión no está en el discurso, sino en una decisión estratégica: hacer que el Congreso funcione. En términos prácticos, eso significó resultados en comisiones, ordenar agendas y evitar que la pluralidad se tradujera en parálisis. El Legislativo dejó de ser un archivo muerto de iniciativas para convertirse —al menos en este periodo— en un espacio de resolución política.
El énfasis en las comisiones dictaminadoras fue clave. Ahí se define qué avanza y qué se congela. Bajo esta lógica, no se trató de inflar cifras, sino de procesar iniciativas con viabilidad política real. Los 176 decretos emitidos y las 61 sesiones de comisiones no son solo números: reflejan un Congreso con disciplina interna y acuerdos construidos, no improvisados.
Ahora bien, la productividad por sí sola no legitima. La legitimidad viene cuando las decisiones impactan la vida pública. En ese terreno, la agenda legislativa se movió en temas complejos y políticamente costosos: transporte público con enfoque social, vinculación educativa con el mercado laboral, actualización normativa frente a retos tecnológicos y ambientales, y ajustes en movilidad urbana. No todas son reformas espectaculares, pero sí necesarias.
Hubo también decisiones incómodas, de esas que pocos asumen porque no generan aplausos inmediatos: fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes; avanzar en paternidad responsable; reconocer derechos de los seres sintientes; y abrir rutas legales para el autoempleo juvenil. Son temas que marcan posturas, pero que revelan un Congreso dispuesto a legislar más allá del cálculo electoral.
El momento de mayor presión política fue, como suele ocurrir, la aprobación del Presupuesto del Estado . Sacar adelante esos acuerdos implicó diálogo interpartidista, concesiones y visión de Estado. El resultado fue certeza institucional para la operación del gobierno, los municipios y los servicios básicos, algo que no siempre se logra en congresos fragmentados.
El verdadero quiebre está en otro punto: este Congreso evitó caer en la tentación histórica de hablar mucho y resolver poco. No fue un Legislativo de grandes gestos retóricos, sino de acuerdos concretos. En un entorno donde la polarización rinde políticamente, optar por la responsabilidad de la funcionalidad fue lo correcto .
Claro que el quehacer legislativo está lejos de ser perfecto y los pendientes son muchos. Pero gobernar el Congreso no es imponer ni complacer; es conducir la pluralidad sin que se vuelva ingobernable. En ese equilibrio, Ernesto Alanís no le ha ganado el protagonismo demedido, sino administrar resultados. Y en política, eso suele marcar no solo el presente, sino el futuro.
