En el Congreso del Estado se presentaron y aprobaron importantes reformas e iniciativas relacionadas con el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA), tanto en el ámbito de la salud pública como en la protección digital y la sanción de delitos que vulneran la intimidad de las personas.
Durante la sesión ordinaria, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narváez, propuso reformas a la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de incorporar el aprovechamiento ético y responsable de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial como parte de las políticas públicas en materia de salud.
En este sentido, el legislador explicó que se busca que la Coordinación del Sistema Estatal de Salud establezca los lineamientos para el uso de la inteligencia artificial en los programas y acciones de salud pública, y que el Consejo Estatal de Salud formule estrategias para garantizar un aprovechamiento adecuado de los avances tecnológicos en beneficio de la población.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Héctor Herrera Núñez, presentó otra iniciativa de reforma a la Ley Estatal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el propósito de fortalecer la protección de identidad y seguridad digital de víctimas, testigos y operadores de justicia.
De esta manera, se prevé establecer como violencia digital toda acción realizada mediante el uso de tecnologías que afecte la vida, integridad, dignidad, intimidad o derechos de una persona, incluyendo conductas como el doxxing, el ciberacoso, la suplantación de identidad o la difusión no consentida de información. Asimismo, se plantea la creación de una Unidad de Protección Digital (UPD) dentro de la Fiscalía, especializada en la atención de riesgos digitales y la coordinación con la policía cibernética.
Además, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado para tipificar el delito de violencia a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial, con penas de cinco a nueve años de prisión y multas de 360 a 648 Unidades de Medida de Actualización (UMA) a quien genere, manipule o difunda contenido sexual falso o simulado, creado con inteligencia artificial, que represente a una persona real sin su consentimiento.
Al someter a votación el dictamen, la diputada Sandra Amaya hizo uso de la tribuna, donde las sanción aumentará en casos donde las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, o cuando el material haya sido obtenido de redes sociales o plataformas digitales sin autorización.
